En el Congreso Nacional avanzan distintos proyectos que proponen incorporar la figura penal del “ecocidio” en la reforma del Código Penal, en un contexto marcado por los devastadores incendios forestales en la Patagonia, que ya arrasaron con más de 30 mil hectáreas. La iniciativa volvió a ganar fuerza luego de que el Gobierno nacional dejara trascender que a partir de marzo retomará el debate sobre el endurecimiento de penas para delitos graves.
En ese escenario, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) instó al Poder Ejecutivo a incluir los delitos ambientales en la reforma penal impulsada por el presidente Javier Milei. El oficialismo había incorporado inicialmente la reforma del Código Penal en las sesiones extraordinarias de diciembre, pero luego priorizó el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, dejando el tema fuera de la convocatoria de febrero.
Desde el radicalismo señalaron que la incorporación del ecocidio permitiría sancionar penalmente a los responsables de incendios de vegetación, y prevenir futuras catástrofes ambientales como las que afectan actualmente a la provincia de Chubut, donde los focos ígneos obligaron a evacuar preventivamente a familias rurales y comunidades cercanas a las zonas más comprometidas. Mientras tanto, brigadistas y autoridades aguardan la llegada de lluvias que faciliten las tareas de control del fuego.
En paralelo, la UCR denunció una subejecución del 25% del presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego, lo que representa unos 20 mil millones de pesos que no se habrían utilizado para fortalecer el sistema. Además, reclamó informes oficiales y la ampliación de las partidas destinadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego, al tiempo que impulsa una campaña de recolección de fondos para la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut.
El proyecto más reciente sobre ecocidio, ingresado en la Cámara de Diputados, propone modificar el artículo 186 del Código Penal y elevar las penas a entre cinco y quince años de prisión, además de inhabilitación especial de hasta veinte años, para quienes provoquen daños ecológicos graves mediante incendios u otros procesos destructivos. La iniciativa cuenta con firmas de legisladores de Provincias Unidas y de La Libertad Avanza. También tienen estado parlamentario propuestas de la senadora chubutense Edith Terenzi y de la ex diputada radical Soledad Carrizo, con penas que van de cuatro a diez años.
El debate sobre el ecocidio se suma a otras iniciativas legislativas surgidas tras la emergencia ambiental. Bloques opositores presentaron proyectos para incrementar los recursos federales destinados al combate del fuego en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén. Unión por la Patria propuso declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica por 180 días, mientras que el Frente de Izquierda reclama garantizar el presupuesto pleno del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Hasta el momento, el Gobierno nacional no dio señales de incorporar estos proyectos al temario de sesiones extraordinarias y adelantó que su agenda legislativa se concentrará en la reforma laboral y en la ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea.
