El Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción Judicial de Río Negro celebró este viernes una nueva sesión en la que analizó diversos expedientes disciplinarios. La mayoría de los casos fue archivada por unanimidad, siguiendo las recomendaciones de la Auditoría General. Sin embargo, uno de los expedientes —referido a dos denuncias contra la fiscal jefa de Bariloche— derivó en la decisión de instruir un sumario administrativo, medida que permitirá continuar con el análisis de las actuaciones.
La resolución fue adoptada por unanimidad, y el cuerpo designó —por mayoría— al legislador Juan Murillo Ongaro como instructor sumariante encargado de llevar adelante el procedimiento. Según se informó, el Consejo delegó en el instructor la evaluación de las eventuales medidas a adoptar, conforme a la normativa vigente.
Durante la sesión, también se abordaron dos recusaciones presentadas en el marco del expediente. Una fue impulsada por una de las denunciantes contra un representante del Colegio de Abogados, y la otra, por la defensa de la fiscal respecto de la presidenta del Consejo. En ambos casos, las recusaciones fueron rechazadas por unanimidad, al considerarse que no existían causales que justificaran los apartamientos solicitados.
Otro planteo buscaba que las actuaciones pasaran a la órbita de la Procuración General, aunque este pedido también fue desestimado. El procurador general Jorge Crespo aclaró que la competencia disciplinaria sobre funcionarios del Ministerio Público recae exclusivamente en el Consejo de la Magistratura, mientras que las cuestiones de naturaleza penal —también denunciadas— están siendo tramitadas por un fiscal jefe de Viedma.
Tanto Crespo como la presidenta del Consejo, María Eugenia Criado, destacaron la importancia de garantizar la celeridad y eficacia en la instrucción del sumario, preservando al mismo tiempo el debido proceso y las garantías constitucionales de todas las partes involucradas.
