El brutal femicidio de Stefanía Civardi en Bariloche puso en evidencia una cadena de omisiones del sistema judicial y policial. El principal acusado, Emerson Rubén Marín, agente activo de la Policía de Río Negro, ya había sido denunciado en 2021 por amenazas coactivas en un contexto de violencia de género y había sido condenado civilmente por incumplir con la cuota alimentaria de uno de sus hijos. Pese a estos antecedentes, se le permitió conservar su cargo y el porte del arma con la que hoy se lo acusa de haber asesinado a su pareja.
El crimen ocurrió el 30 de julio en una vivienda del barrio Lera. Según la fiscalía, Marín le disparó a Civardi mientras ella descansaba, utilizando su arma reglamentaria. La bala ingresó por la tráquea y atravesó el cráneo, alojándose en la almohada. El disparo fue realizado a más de 15 centímetros de distancia, lo que refuerza la hipótesis de un asesinato, descartando la posibilidad de suicidio.
La investigación, encabezada por las fiscales Betiana Cendón, Alejandra Bartolomé y Fernanda Orticelli, también reveló que el cuerpo de la víctima presentaba lesiones previas en las muñecas, con una evolución mayor a 48 horas. Se aguardan peritajes criminalísticos, balísticos y forenses para confirmar las circunstancias del hecho.
En su historial, Marín cuenta con una causa penal en Las Grutas por amenazas a una expareja, en la que fue beneficiado con una probation en 2022. La jueza de Familia había ordenado entonces el retiro del arma reglamentaria y la entrega de un botón antipánico a la víctima. Sin embargo, la fiscalía informó que, tras el consentimiento de la mujer, se le restituyó el arma. Marín retomó sus funciones en la fuerza.
Además, en noviembre de 2024, el Juzgado de Familia de Villa Regina resolvió otra causa por incumplimiento del deber alimentario, obligando a Marín a entregar un porcentaje de su salario y sus asignaciones familiares.
A pesar de estos antecedentes y sanciones, Emerson Marín prestaba servicios recientemente como refuerzo estacional en la Comisaría Segunda del Centro Cívico de Bariloche.
El caso conmueve a la comunidad y reabre un fuerte debate sobre el control interno en las fuerzas de seguridad y la responsabilidad institucional frente a denuncias previas de violencia de género.
Fuente: El Cordillerano.
