Se entregó Ernesto Cruz Cárdenas, exbrigadista e imputado por usurpación en el Parque Nacional Los Alerces

Estaba prófugo desde enero tras el operativo de desalojo. Compareció ante la Justicia Federal y enfrentará cargos por usurpación, daño agravado y atentado a la autoridad.

29 de julio de 2025 Redacción
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Ernesto Cruz Cárdenas, exbrigadista del Parque Nacional Los Alerces e identificado como referente de la comunidad autodenominada Lof Paillako, se entregó este martes a la Justicia tras permanecer prófugo desde el desalojo de enero pasado. Compareció ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, donde deberá afrontar un proceso penal por delitos vinculados a la toma ilegal de tierras públicas.

Cárdenas, quien en 2016 se autodeclaró integrante del pueblo mapuche y desconoció la autoridad del Estado argentino y de la Administración de Parques Nacionales, fue expulsado junto a otros miembros de la comunidad que ocupaba desde 2020 un sector del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. El operativo de desalojo, llevado a cabo el 9 de enero de este año, contó con la presencia de más de 100 efectivos y fue encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador Ignacio Torres.

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, había ordenado el desalojo tras constatar que la ocupación fue realizada de manera violenta, mediante amenazas y atentados. Desde entonces, Cruz Cárdenas fue declarado en rebeldía por no presentarse ante la Justicia.

Además de estar imputado por usurpación, Cárdenas enfrenta cargos por daño agravado y atentado a la autoridad, incluyendo un hecho con lesiones leves en grado de tentativa. Si bien desde el Gobierno provincial y Parques Nacionales también lo señalan como principal sospechoso de los incendios intencionales registrados en el parque en enero de 2024, la causa por la que actualmente será juzgado no incluye ese hecho.

Cruz Cárdenas trabajó como brigadista hasta 2019. Tras su renuncia y adhesión al reclamo territorial mapuche, lideró la ocupación ilegal durante casi cuatro años. Su entrega marca un nuevo capítulo en un conflicto que combina reclamos identitarios, delitos federales y tensiones territoriales en áreas protegidas del sur argentino.

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