El fiscal Nicolás Valisiev, con supervisión del fiscal jefe, Carlos Díaz Mayer, requirió la realización de ocho allanamientos en el marco de la investigación que se sigue contra Mauro Ariel Palma Larreburu, ex Jefe de la Delegación Noroeste, dependiente de la Dirección General de Servicios Públicos de la provincia de Chubut, por el presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Las medidas fueron autorizadas y llevadas a cabo por personal de la DPI Comarca Andina.
24 de febrero de 2025 Redacción
Los avances de la investigación permitieron determinar quiénes serías las personas que podrían estar vinculadas a las maniobras investigadas, ya sea por complicidad o connivencia. Como parte de las tareas de investigación, la Fiscalía solicitó autorización judicial para realizar allanamientos de viviendas, oficinas, vehículos y requisas personales. Estas tareas se cumplieron el sábado en horas de la mañana.
Nómina de los secuestros:
Domicilio 1 : (03) Teléfonos celulares; (01) Tablet; (01) Disco Externo; (01) Memoria; (02) Netbook.
Domicilio 02: (01) Teléfono celular; (01) Notebook; Documentación varia.
Domicilio 03: (04) Teléfonos celulares, (01) Notebook; (01) Chip marca Movistar.
Domicilio 04 (07) Teléfonos celulares; (03) Notebook KL602; (01) CPU BRB; (10) Pendrives; (01) Recibos varios.
Domicilio 05 (07) Pendrives; (03) Celulares; (03) Notebook; (02) Netbook; (24) Discos Rígidos; (01) Disco Solido; (05) CPU.
Domicilio 06 (01) C.P.U (Gabinete); (01) DVR
Domicilio 07: (01) CPU.
Domicilio 08 (04) Teléfonos celulares y (01) Notebook.
La diligencia finalizo a las 12:30 Horas.
Los hechos
Los hechos investigados habrían ocurrido entre los años 2015 y 2024, en circunstancias en que Mauro Ariel Palma Larreburu se desempeñaba como Jefe de la Delegación Noroeste de la Dirección Provincial de Servicios Públicos. La hipótesis del Ministerio Público Fiscal es que se aprovechó del cargo público que ocupaba para llevar a cabo contrataciones lucrativas vinculadas a una serie de actividades inherentes a un servicio público -como es la energía eléctrica-, cuya incumbencia funcional se encontraba bajo su órbita estatal, en virtud del cargo que desempeñaba y conforme la competencia que le fuera asignada para tal fin.
Los acusadores indicaron que se verificó la vinculación contractual con la empresa “Transacue SA”, dedicada a la generación, transporte y distribución de energía, en donde la Provincia del Chubut posee participación accionaria, y la empresa “Ingenio”, cuya representación comercial ejercía Mauro Palma Larreburu. El objeto de dicha vinculación era la operación y el mantenimiento de la Estación Transformadora El Coihue, y el Mantenimiento Preventivo y Atención de Contingencias de Línea 132 Kv Esquel Coihue.
En ese orden, se habrían utilizado materiales del Estado para beneficios privados, lo que implica un mal manejo de los recursos públicos en favor de intereses personales o particulares, afectando el buen uso de los bienes del Estado.
Asimismo, Palma Larreburu también tendría participación de la empresa “Net42 SA”, junto con otras empresas que tendrían cierta alianza comercial respecto de similares rubros (tendidos eléctricos y de telecomunicaciones), como lo son: "Servisur", "Electricidad Sur", "PSI", siendo que algunas de las mencionadas, también desarrollarían tendido de fibra óptica empleando posteo de alumbrado público de manera irregular, sin convenio y contraprestación alguna para el estado. Así es que, como parte integrante de la empresa comercial y otras sociedades que prestan el servicio de internet, Palma hacía uso de los postes pertenecientes a la Dirección General de Servicios Públicos, que luego él mismo se autorizaba a utilizar en su carácter de funcionario público.
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