En tanto, del total, el 13,2% (448 casos) de los contratos, no tuvieron continuidad como consecuencia de las distintas faltas e incumplimientos en los que incurrieron esos agentes. Todos estos casos han sido debidamente justificados, y la patronal, en este caso el Estado rionegrino, tiene la potestad de no mantener el vínculo laboral con una persona que no cumple con sus obligaciones, tal cual sucede en el ámbito privado.
Entre las causas que justificaron la no renovación del contrato laboral se encuentran sanciones disciplinarias, incumplimientos laborales, ausentismo del lugar de trabajo sin justificación, entre otros.
Esta decisión de discontinuar la relación laboral con quienes no cumplen con sus compromisos no se trata de ninguna política de ajuste del Gobierno Provincial y mucho menos con lo que algunos denominan como “motosierra”, haciendo alusión al achique estatal implementado en otros ámbitos. Por el contrario, se trata de una política de eficientización del gasto público, cuidando los recursos generados por los propios rionegrinos a la hora de pagar sus impuestos.
En tal sentido, oportunamente el Gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que “todos los agentes públicos, desde un empleado hasta el propio Gobernador nos debemos a quienes no pagan el sueldo, que son todos y cada uno de los rionegrinos que con sus impuestos contribuyen en ese sentido. Entonces, quienes no cumplen con la tarea para cual se les está abonando un salario no merecen estar en el Estado”.
