La publicación - destaca la Fiscalía- se realizó una vez que se hubieran conocido, ese día, los resultados de las elecciones presidenciales.
Tanto la denuncia realizada por quien aquel momento se desempeñaba como Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, como la posterior redacción del hecho delictivo que hoy se le imputó en audiencia, mencionan que compartir dicha publicación implica “una apología a crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la última Dictadura Militar en la Argentina, en los que el vehículo mencionado era de uso oficial de las fuerzas armadas y de seguridad, empleado -en los hechos- para la comisión de delitos por miembros de esas fuerzas”.
La calificación legal endilgada es la de apología del delito, considerándose al hombre autor del mismo de conformidad con los Arts. 45 y 213 del Código Penal.
En cuanto al sustento probatorio, la Fiscal del caso mencionó que cuentan con la mencionada denuncia penal de un hecho realizado por un funcionario en un ámbito público destinado a llegar a gran cantidad de personas. La publicación implicó para el hombre un sumario disciplinario que también fue incorporado como evidencia junto con numerosas entrevistas, entre ellas a una periodista que a raíz de la publicación realizó una nota replicada luego por medios regionales y nacionales.
El abogado defensor del hombre se opuso a la formulación de cargos, pero el Juez de Garantías rechazó tal planteo y tuvo por formulados los cargos disponiendo así la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de dos meses.
Finalmente, si bien no admitió reservas a la difusión de la causa, el Magistrado hizo lugar al pedido del abogado defensor y prohibió la divulgación de los datos personales del imputado. A ello se había opuesto la Fiscalía abogando por la publicidad total de la audiencia.
