Una disputa por el uso de una vivienda prestada en El Bolsón, un galpón utilizado como taller de carpintería y un portón que quedaba abierto terminó en el Juzgado de Paz. Dos parejas que compartían un mismo predio pasaron de mantener una relación cordial a protagonizar una convivencia cada vez más tensa, con intercambios de mensajes y reclamos formales.
El conflicto llegó a tal punto que un juez ordenó la devolución de la casa en un plazo de 45 días corridos y estableció pautas estrictas de convivencia para evitar nuevos incidentes mientras se concreta la mudanza.
El reclamo fue presentado por una mujer en representación de su pareja, propietaria del inmueble. Según expuso ante el Poder Judicial, habían cedido una vivienda a otra pareja mediante un contrato de comodato, una figura legal que permite prestar gratuitamente un bien para su uso. Ambas viviendas estaban ubicadas dentro de una misma propiedad.
De acuerdo con la presentación, los ocupantes comenzaron a utilizar espacios que no estaban contemplados en el acuerdo, entre ellos un galpón donde uno de ellos realizaba trabajos de carpintería. También cuestionaron que dejaran abierto el portón de acceso, situación que permitía el ingreso de perros ajenos al predio.
A esos reclamos se sumaron denuncias por el deterioro de la casa, con goteras, pérdidas y otros desperfectos. La situación derivó en un intercambio de cartas documento, mediante las cuales los propietarios comunicaron su decisión de rescindir el comodato y solicitaron la restitución del inmueble.
Durante una audiencia judicial, la pareja que ocupaba la casa ofreció una versión diferente de los hechos. Sostuvo que inicialmente la relación había sido cordial, pero que la propietaria cambió de actitud y comenzó a exigirles que abandonaran la vivienda.
La mujer manifestó que no aceptaba la rescisión del contrato y explicó que no contaba con recursos económicos suficientes para afrontar el alquiler de otra propiedad. También señaló que encontrar un nuevo lugar donde vivir resultaba especialmente complicado porque tenían mascotas.
Al analizar el contrato, el juez de Paz advirtió que una de sus cláusulas habilitaba a los propietarios a poner fin al préstamo antes de su vencimiento mediante una notificación fehaciente. Sin embargo, el documento no establecía con precisión cuánto tiempo tenían los ocupantes para devolver la vivienda.
Ante esa falta de claridad, el magistrado intentó acercar posiciones y promover un acuerdo entre las partes. Se realizaron audiencias para establecer una fecha de restitución y fijar pautas de convivencia, pero no fue posible alcanzar un entendimiento.
Uno de los elementos que más preocupó al juez fue el nivel de tensión que había alcanzado la relación. En el expediente se incorporaron conversaciones de WhatsApp que reflejaban el deterioro del vínculo en pocas semanas.
Para el magistrado, esos intercambios evidenciaban un conflicto creciente y el riesgo de que se produjeran enfrentamientos más graves. Por eso consideró necesario establecer una solución concreta que permitiera terminar con la disputa y, al mismo tiempo, prevenir nuevos incidentes durante el período previo a la mudanza.
La sentencia reconoció el derecho de los propietarios a rescindir unilateralmente el contrato de comodato, aunque también contempló la situación de la pareja que debía abandonar el inmueble.
El juez consideró razonable otorgarles un plazo para encontrar otro lugar donde vivir, teniendo en cuenta que se trataba de una vivienda que habían recibido en préstamo gratuito.
De esta manera, estableció un período de 45 días corridos desde la notificación de la resolución para que restituyan la casa, libre de ocupantes y en las condiciones acordadas.
Para determinar ese plazo, tomó como referencia el tiempo que los propios propietarios habían mencionado en una carta documento. Sin embargo, descartó utilizar la fecha de esa comunicación porque contenía errores formales y referencias equivocadas al contrato.
Además de ordenar la devolución de la vivienda, el fallo estableció una serie de medidas destinadas a regular la convivencia durante los días que restan hasta concretar la mudanza.
Entre las disposiciones, el juez determinó que cada pareja deberá utilizar exclusivamente el portón correspondiente a su vivienda y que quienes deben abandonar la propiedad tendrán que mantener cerrado el suyo.
También prohibió provocar daños en las construcciones, cercos y accesos, y ordenó preservar las condiciones de habitabilidad de la casa prestada.
Las obligaciones alcanzan no solamente a las dos parejas involucradas, sino también a sus familiares y a otras personas vinculadas con ellas. Las restricciones permanecerán vigentes hasta que se cumpla el plazo de 45 días establecido para la restitución del inmueble.
De esta manera, la resolución judicial puso una fecha concreta para finalizar el préstamo de la vivienda y estableció condiciones para evitar que el conflicto de convivencia escale mientras se concreta la salida de los ocupantes.
El fallo es de primera instancia y no se encuentra firme, ya que puede ser apelado.
