La Cámara de Diputados de la Nación aprobó durante la madrugada de este jueves 22 de octubre un nuevo proyecto de ley de Discapacidad, luego de intensas negociaciones entre el oficialismo y distintos bloques opositores.
La iniciativa, que obtuvo el respaldo de más de dos tercios de los legisladores, busca reemplazar la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza a fines de 2026, por un régimen permanente.
Según informó Infobae, el Gobierno nacional aceptó modificaciones reclamadas por la oposición y dejó de lado los recortes al sistema que había incluido inicialmente en el proyecto de Presupuesto 2027.
El texto aprobado contempla una serie de garantías para las personas con discapacidad y sus familias:
Pensiones no contributivas: se mantiene el beneficio equivalente al 70% de la jubilación mínima.
Certificado Único de Discapacidad (CUD): continuará siendo una de las principales vías de acceso a las pensiones.
Trabajo registrado: las personas con discapacidad podrán conservar su pensión mientras sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Prestaciones: se conserva el nomenclador universal, con aranceles unificados y actualización por inflación.
Cobertura médica: se garantiza el acceso al programa Incluir Salud para titulares de pensiones por discapacidad y por invalidez laboral.
Además, el proyecto establece mecanismos de financiamiento mediante partidas del Ministerio de Salud y fondos del Tesoro Nacional, en caso de resultar insuficientes.
Otro punto importante es la situación de los prestadores de servicios para personas con discapacidad.
La iniciativa establece que el Gobierno deberá presentar un cronograma para cancelar las deudas pendientes dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley y completar los pagos dentro de los 90 días.
También incorpora auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre organismos nacionales, aunque contempla instancias de notificación y derecho a defensa ante posibles suspensiones de beneficios.
La votación contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, el PRO, la UCR y numerosos bloques provinciales.
Sin embargo, algunos diputados cordobeses cuestionaron la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración del proyecto, mientras que legisladores de izquierda se abstuvieron por considerar insuficiente el tratamiento de las deudas con prestadores.
La iniciativa todavía no es ley. Tras obtener media sanción en Diputados, deberá ser debatida y aprobada por el Senado para avanzar hacia su entrada en vigencia.
Fuente: Infobae
