La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el Gobierno nacional mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. El máximo tribunal revocó un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad de esa medida.
La decisión se conoció este martes y se produjo luego de que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata impulsara una demanda para cuestionar la eliminación de la normativa que establecía límites a la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.
Con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte hizo lugar al recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda.
El máximo tribunal centró su decisión en la falta de legitimación del CECIM para promover la acción judicial. Según los jueces, no se acreditó la existencia de un caso o controversia concreta que habilitara la intervención de la Justicia federal.
La Corte sostuvo que, aunque la Constitución Nacional amplió las posibilidades de acceso a la Justicia, continúa siendo necesario demostrar un perjuicio concreto. Los tribunales, señaló, no pueden intervenir para realizar un control abstracto de las normas o determinar de manera general qué disposiciones deberían permanecer vigentes.
El CECIM había cuestionado la derogación de la Ley 26.737, que establecía restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
La organización había argumentado que la eliminación de esas limitaciones podía favorecer la extranjerización de tierras, la concentración territorial y la conformación de grandes propiedades, con posibles consecuencias sobre la soberanía nacional y la integridad territorial.
En primera instancia, el planteo había sido rechazado. Sin embargo, en marzo de 2024, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y ordenó que la causa fuera incorporada nuevamente al Registro de Procesos Colectivos.
Los camaristas Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias habían considerado que la soberanía nacional constituía un bien colectivo que podía justificar la intervención de una asociación como el CECIM.
La resolución de la Corte Suprema deja sin efecto ese fallo de la Cámara Federal, por lo que vuelve a quedar vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el DNU 70/2023.
No obstante, el máximo tribunal hizo una aclaración central: no se pronunció sobre la constitucionalidad del DNU 70/2023 en sí mismo. La decisión se limitó a determinar que el CECIM no estaba legitimado para impulsar esta demanda y que no existía un caso judicial concreto que habilitara el análisis solicitado.
La Corte también sostuvo que las competencias vinculadas con la soberanía territorial corresponden al Estado y no pueden ser consideradas, en los términos planteados en la causa, como un “bien colectivo” que habilite automáticamente una acción judicial de estas características.
De esta manera, el fallo mantiene vigente el esquema establecido por el DNU 70/2023 respecto de la derogación de la Ley de Tierras Rurales, mientras que cualquier nuevo planteo judicial deberá cumplir con los requisitos constitucionales de legitimación y existencia de un caso concreto.
Fuente: Infobae.
