El Ministerio Público Fiscal de El Bolsón formuló cargos contra un hombre acusado de haber agredido con un cuchillo a su sobrino durante la noche del 26 de septiembre, en un sector conocido como la toma del barrio Luján.
El fiscal adjunto Rubén Negro atribuyó el hecho a un episodio ocurrido entre las 22 y las 23:30, aproximadamente. Según la acusación, ambos familiares mantuvieron una discusión relacionada con un partido de fútbol y, en ese contexto, el imputado habría atacado a su sobrino con un arma blanca.
Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una herida profunda en la mejilla derecha y otra en la zona costal. Actualmente permanece hospitalizada, aunque presenta evolución favorable.
La acusación fue encuadrada provisoriamente como lesiones graves, en carácter de autor. La Fiscalía aclaró que la calificación podría modificarse a medida que avance la investigación y, especialmente, cuando el estado de salud de la víctima permita tomarle declaración.
Entre los elementos incorporados como sustento de la imputación se encuentran las actuaciones policiales, el trabajo de la Brigada de Investigaciones y del Gabinete de Criminalística, el secuestro de un cuchillo, registros fotográficos, certificados médicos y distintas entrevistas testimoniales.
También declaró una persona que habría presenciado parte de la secuencia. La Fiscalía anticipó que continuará con la recepción de testimonios y con diferentes pericias sobre los elementos secuestrados, incluidos estudios de ADN.
El defensor público penal Nelson Vigueras planteó que la defensa mantiene una versión diferente de lo sucedido. No cuestionó la legalidad de la detención ni el plazo solicitado para avanzar con la investigación, pero se opuso al pedido de prisión preventiva.
En su lugar, propuso medidas menos gravosas, entre ellas prohibiciones de acercamiento y de contacto con la víctima y los testigos.
Por su parte, el fiscal solicitó tres meses de prisión preventiva al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, principalmente debido al vínculo familiar entre las personas involucradas y a que todavía deben recibirse testimonios considerados relevantes.
Al resolver, el juez de Garantías Ricardo Calcagno declaró legal la detención, tuvo por formulados los cargos y estableció que la investigación penal preparatoria se extenderá hasta el 26 de febrero de 2027.
Además, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva por tres meses, hasta el 28 de diciembre, con el objetivo de resguardar a la víctima y a los testigos y evitar posibles interferencias en el avance de la investigación.
