El proyecto es impulsado por el legislador Juan Martín (PRO) y plantea eximir del pago del Impuesto de Sellos y del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los actos y contratos vinculados a créditos hipotecarios destinados exclusivamente a la construcción de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente.
La iniciativa busca reducir el impacto de los impuestos provinciales sobre el costo financiero de los préstamos y facilitar el acceso a la primera vivienda en un contexto marcado por el elevado precio de los inmuebles y una oferta todavía limitada de financiamiento hipotecario.
Martín sostiene que el acceso a una vivienda propia se convirtió en una de las demandas más urgentes de Río Negro, especialmente frente al déficit habitacional y las dificultades que enfrentan los sectores jóvenes para acceder a un préstamo.
Según establece el proyecto, podrán acceder a la exención impositiva quienes acrediten domicilio real en la provincia y cuenten con al menos tres años de residencia efectiva.
Además, deberán construir sobre un inmueble ubicado dentro del territorio rionegrino y demostrar que el crédito hipotecario será destinado exclusivamente a la construcción de la vivienda.
La propuesta establece también límites para acceder al beneficio. La propiedad no podrá superar los 120 metros cuadrados cubiertos, mientras que el crédito hipotecario no podrá exceder las 120.000 UVAs.
El proyecto deja expresamente fuera del régimen a las operaciones destinadas a la construcción de una segunda vivienda, a inversiones inmobiliarias o a desarrollos con fines comerciales.
De esta manera, el objetivo es concentrar el beneficio fiscal en quienes buscan construir su vivienda única y permanente, y no en operaciones vinculadas al mercado inmobiliario con fines de inversión.
En los fundamentos, el legislador advierte que la carga tributaria provincial “continúa incidiendo de manera gravosa sobre el valor final de la cuota”, con un impacto particular sobre los sectores jóvenes que buscan reunir las condiciones necesarias para acceder a un crédito.
Si la iniciativa es aprobada, la exención de Ingresos Brutos y Sellos tendría una vigencia de cinco años desde su entrada en vigor.
El beneficio alcanzaría a las operaciones formalizadas durante ese período, independientemente del tiempo previsto para la amortización del crédito hipotecario.
La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro sería la autoridad de aplicación y podría establecer convenios con el Registro de la Propiedad Inmueble y entidades financieras para controlar el cumplimiento de los requisitos.
El proyecto busca así generar un incentivo fiscal para que más familias rionegrinas puedan acceder al financiamiento para construir su primera vivienda, reduciendo los costos asociados a la formalización de los créditos hipotecarios.
