Legisladores del PRO de Río Negro presentaron un proyecto de comunicación para solicitar al Gobierno provincial que gestione ante Nación la aplicación del procedimiento de detección y bloqueo de celulares en las cárceles de la provincia.
La iniciativa fue impulsada por el legislador Juan Martin, acompañado por María Laura Frei, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo, y busca que Río Negro adhiera al mecanismo habilitado por la Resolución 734/2026 del ENACOM.
El procedimiento permite extender a las cárceles provinciales el bloqueo de dispositivos móviles, a solicitud de las jurisdicciones. El objetivo es evitar que teléfonos utilizados dentro de las unidades penitenciarias sean empleados para organizar o ejecutar delitos.
“No podemos seguir permitiendo que desde una celda se planifiquen estafas, se coordinen bandas criminales o se cometan otros delitos contra los rionegrinos cuando existen herramientas tecnológicas para impedirlo”, sostuvo Juan Martin.
Desde el bloque señalaron que la problemática ya tuvo consecuencias concretas en la provincia. En julio, una investigación por una millonaria estafa telefónica a un jubilado de 72 años permitió detectar que una organización criminal también operaba desde una celda del Complejo de Ejecución Penal N.º 1 de Viedma.
Durante el procedimiento fueron secuestrados seis teléfonos celulares, varios de ellos con tecnología 5G.
Para el PRO, este episodio evidencia la necesidad de avanzar con herramientas que permitan impedir el uso de dispositivos móviles dentro de las cárceles para actividades delictivas.
El bloque remarcó que el reclamo no es nuevo. En 2025 había presentado el Proyecto de Ley N.º 429/2025, que proponía instalar inhibidores de señal en todos los establecimientos del Sistema Penitenciario Provincial.
Además, aquella iniciativa planteaba prohibir el acceso de celulares y otros medios digitales de comunicación a internos y detenidos, junto con la instalación de teléfonos públicos para garantizar el derecho a las comunicaciones.
Según señalaron desde el PRO, el proyecto no fue tratado en las comisiones de origen.
Durante 2026 también fue presentado el Proyecto de Ley N.º 573/2026, que propone establecer expresamente que la privación de libertad comprende tanto la restricción física como la restricción digital. Esta iniciativa tampoco fue tratada en comisiones.
“Hace más de un año que venimos planteando esta necesidad y el problema sigue creciendo. Ahora existe una herramienta concreta que Nación ya está utilizando y que puede aplicarse en Río Negro. No hay razones para seguir esperando”, afirmó Juan Martin.
El nuevo proyecto solicita al Poder Ejecutivo de Río Negro que, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, requiera al Ministerio de Seguridad de la Nación la aplicación del Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios.
Además, plantea que la provincia adopte las medidas tecnológicas necesarias para implementar el sistema en las cárceles rionegrinas.
Desde el bloque sostuvieron que la seguridad en Río Negro requiere respuestas concretas y que las herramientas tecnológicas disponibles deben ser utilizadas sin demoras.
“Si desde una cárcel se puede cometer un delito, el Estado tiene que tener la decisión y la tecnología necesarias para impedirlo”, concluyeron.
