La Legislatura de Río Negro dio un paso clave al aprobar por unanimidad, en primera vuelta, un proyecto de ley que establece un marco regulatorio para el uso de dispositivos digitales personales, celulares, Inteligencia Artificial (IA) y tecnologías emergentes en el sistema educativo provincial.
La iniciativa, impulsada por la legisladora Roberta Scavo (ARI-Cambiemos) junto a otros parlamentarios, sostiene que la tecnología no debe prohibirse, sino orientarse hacia una finalidad pedagógica, cuidando su impacto en los procesos de aprendizaje y en la convivencia escolar.
“El uso de dispositivos como celulares, relojes inteligentes y tablets solo se admitirá cuando tenga una finalidad pedagógica, de accesibilidad, de salud o de emergencia”, explicó Scavo durante el debate legislativo.
El proyecto establece un esquema progresivo según la edad de los estudiantes. En el Nivel Inicial, el uso de dispositivos queda restringido durante toda la jornada escolar, salvo excepciones vinculadas a salud, accesibilidad o emergencias, siempre con fuerte mediación docente.
En el Nivel Primario, los celulares y dispositivos personales no podrán utilizarse durante la jornada, excepto en actividades pedagógicas específicas, planificadas y supervisadas por docentes, con comunicación previa a las familias.
En el Nivel Secundario, el uso será permitido únicamente cuando el docente lo indique dentro de una planificación educativa. Fuera del aula, cada institución definirá reglas a través de sus acuerdos de convivencia.
Uno de los puntos más innovadores del proyecto es la regulación del uso de Inteligencia Artificial generativa en el ámbito escolar. La norma establece que la IA no podrá utilizarse si reemplaza la producción intelectual del estudiante, si impide evaluar la comprensión real o si facilita el plagio.
“La IA estará prohibida cuando afecte la integridad académica o reemplace de forma indiscriminada el trabajo del estudiante”, señaló la autora del proyecto.
Además, cuando su uso sea autorizado por docentes, deberán definirse reglas claras sobre qué partes del trabajo pueden apoyarse en IA y cuáles deben ser de elaboración propia, garantizando la transparencia en el proceso de aprendizaje.
El proyecto se fundamenta en recomendaciones de organismos como la UNESCO y la OCDE, que advierten sobre el uso excesivo de pantallas sin orientación pedagógica y su impacto en la atención, la lectura y el rendimiento escolar.
También incorpora medidas para prevenir el ciberacoso, prohibiendo la grabación, fotografía o difusión de imágenes y audios dentro de las escuelas sin autorización.
Al mismo tiempo, se aclara que las restricciones no afectarán a estudiantes que requieran tecnología por razones de accesibilidad, salud o apoyo médico.
Finalmente, la ley establece que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos deberá realizar relevamientos periódicos para evaluar el impacto del uso regulado de tecnología en las aulas, midiendo indicadores como concentración, comprensión lectora, hábitos de estudio y brechas educativas.
Los resultados deberán ser presentados en un informe público anual ante la Legislatura, con el objetivo de ajustar y mejorar la política educativa en función de la evidencia.
