La Legislatura de Río Negro aprobó una modificación a la Ley Provincial de Ejecución Penal que establece nuevas restricciones para el acceso a salidas transitorias y otros beneficios penitenciarios destinados a personas condenadas por delitos de extrema gravedad.
La medida alcanza a autores de homicidio simple y agravado, delitos contra la integridad sexual, secuestros extorsivos con resultado de muerte, tortura seguida de muerte y robos agravados, entre otros supuestos contemplados en la normativa.
La reforma incorpora criterios ya vigentes en la legislación nacional y establece un régimen de excepcionalidad dentro del denominado período de prueba. De esta manera, limita el acceso a libertad asistida, semidetención, prisión discontinua y salidas transitorias para determinados casos.
El objetivo central, según se fundamentó en el debate legislativo, es adecuar la normativa provincial a las modificaciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal y reforzar la seguridad pública frente a delitos de alto impacto social.
La norma incorpora un capítulo específico de “excepciones a los beneficios”, donde se detallan los delitos alcanzados y se establecen pautas para que los jueces de ejecución evalúen cada solicitud de forma restrictiva.
Además, se crea un régimen preparatorio para la liberación orientado a la reinserción social mediante programas individuales, incluso en los casos alcanzados por las restricciones.
Durante la sesión, el legislador Lucas Pica destacó que la reforma busca armonizar la legislación provincial con la normativa nacional y respaldó su constitucionalidad, citando fallos recientes de la Cámara Federal de Casación Penal.
El legislador Facundo López subrayó la necesidad de fortalecer el sistema de seguridad y penitenciario, mientras que se informó que actualmente hay más de 1.400 personas alojadas en cárceles provinciales y otras 174 en comisarías.
Desde distintos bloques se expresó apoyo a la iniciativa, aunque también se plantearon debates sobre la infraestructura penitenciaria, las condiciones laborales del personal y el fortalecimiento de los equipos técnicos.
Los legisladores que acompañaron el proyecto remarcaron que la reforma responde tanto a la demanda social de mayor protección como a la necesidad de otorgar mayor seguridad jurídica al sistema de ejecución penal.
En paralelo, se destacaron inversiones provinciales en modernización del sistema de emergencias 911, videovigilancia e infraestructura penitenciaria, como parte de una política integral de seguridad en Río Negro.
