Estatales rionegrinos

El próximo jueves 6 de marzo comenzará el cronograma de pago a empleados y empleadas del Estado provincial, el cual culminará el sábado 8. Se trata de los sueldos correspondientes al mes de febrero.

Tal como se acordó con los gremios estatales, mañana, viernes 28 de febrero, el Gobierno de Río Negro realizará el pago de una suma extraordinaria para todo el personal de la Administración Pública.

Durante la primera semana de diciembre, las y los agentes de la Administración Pública rionegrina cobrarán sus sueldos correspondientes a noviembre.

Con depósitos a personal de Salud, Policía y Servicio Penitenciario, comenzó este martes el cronograma de pagos que finalizará mañana.

Entre el 5 y el 6 de noviembre, las y los empleados estatales cobrarán su sueldo correspondiente a octubre.

La semana próxima, a partir del jueves 3 de octubre comenzará el pago de sueldos de septiembre a las y los empleados públicos rionegrinos.

Este martes 3 de septiembre comenzará el calendario de pagos de las y los trabajadores públicos y continuará hasta el jueves 5. De este modo, se sigue cumpliendo el acuerdo paritario trimestral con los gremios, que abarca los meses de julio, agosto y septiembre.

Los salarios de los trabajadores públicos tendrán incrementos en las sumas bonificables que impactan sobre la antigüedad, la zona desfavorable y otras variables. El calendario de pagos se concretará del 2 al 6 de agosto.

La propuesta del Gobierno provincial para los meses de julio, agosto y septiembre otorga una suma no remunerativa y no bonificable de acuerdo a la categoría y agrupamiento de revista.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció medidas contra el ausentismo en la administración pública, señalando la complicidad de ciertos médicos en la emisión de certificados médicos falsos.

Comenzará el martes 4 de junio el pago de salarios de mayo a la administración pública provincial. En los salarios se verá el último tramo del aumento acordado en las paritarias.

Ingresó a la Legislatura el proyecto de ley para modificar la ley de desvinculación voluntaria para los agentes públicos que se desempeñan en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial y organismos de control interno.