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title: "La causa por sobreprecios en escuelas chubutenses espera una definición judicial"
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description: "La jueza Karina Breckle analiza los planteos de cuatro defensores en la causa por presuntos sobreprecios en obras de 16 escuelas de El Maitén, Cushamen, El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo y Cholila."
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date_published: "2026-08-21T18:59:00-03:00"
date_modified: "2026-08-21T17:33:14-03:00"
tags:
  - "Chubut"
  - "Ministerio Público Fiscal"
author_name: "Redacción"
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# La causa por sobreprecios en escuelas chubutenses espera una definición judicial

![122557_3](/download/multimedia.normal.80eb686eb46d06a8.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

La jueza de garantías **Karina Breckle** se tomó el plazo legal para resolver los cuestionamientos formulados por cuatro defensores contra la pieza acusatoria presentada por el fiscal general **Omar Rodríguez**, en una causa por presuntos **sobreprecios en contrataciones para reparar 16 escuelas de la Cordillera del Chubut**.

Los abogados **Gladys Olavarría, Miguel Moyano, Romano Cominetti y Nelly García** realizaron observaciones formales sobre la acusación, la descripción de los hechos y los roles atribuidos a los imputados. Los planteos resultan relevantes para determinar si el expediente puede avanzar hacia el **juicio oral y público**.

Los defensores solicitaron la **nulidad de la acusación**, al considerar que existen deficiencias que afectan las garantías de sus representados. En ese sentido, argumentaron que *“se viola el legítimo derecho de defensa”*.

**La respuesta de la Fiscalía**

El fiscal general **Omar Rodríguez** rechazó los cuestionamientos y sostuvo que el planteo defensivo busca *“enmascarar”* delitos penales como si se tratara de simples errores administrativos.

*“Los delitos de corrupción se entremezclan con normas administrativas con el objetivo de enmascarar delitos penales”*, afirmó el funcionario durante la audiencia.

Rodríguez sostuvo además que los imputados mantenían vínculos con funcionarios de alto rango del Estado, aunque aclaró que esas personas no fueron llevadas a juicio porque, según indicó, *“no alcanzaron las pruebas reunidas”*.

El fiscal también afirmó que *“en esta provincia se direccionaban las obras públicas por las relaciones y los vínculos, por razones de amistad o militancia”*.

**Una investigación que alcanza a siete localidades**

La investigación alcanza **contrataciones directas** gestionadas desde los ministerios de **Infraestructura y Educación del Chubut** para realizar trabajos vinculados con instalaciones de gas, baños y otras reparaciones en 16 establecimientos educativos de la **Comarca Andina**.

Las escuelas involucradas se encuentran en **El Maitén, Cushamen, El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo, Ñorquinco y Cholila**, localidades donde las obras son ahora parte de una investigación penal.

Según la acusación fiscal, los proveedores **Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León** confeccionaban los presupuestos oficiales y las memorias descriptivas de los trabajos que luego serían contratados.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que los responsables de cada área invitaban a cotizar a otros oferentes que sabían previamente que no se presentarían. De esa manera, Cottet o Ponce de León quedaban como únicos postulantes en las distintas compulsa de precios.

**WhatsApp y presuntos acuerdos previos**

Entre las principales evidencias incorporadas a la investigación aparecen **mensajes de WhatsApp secuestrados de los teléfonos de los imputados**.

De acuerdo con la Fiscalía, esas conversaciones revelarían acuerdos previos sobre qué establecimiento le correspondía a cada proveedor, además de modificaciones en fechas y formatos destinadas a otorgar apariencia de legalidad a los expedientes administrativos.

Una de las obras investigadas corresponde a la **Escuela N° 93 de El Maitén**, donde en 2022 se produjo una intoxicación por **monóxido de carbono** que afectó a alumnos y personal docente. Ese episodio había motivado una denuncia penal presentada por el entonces gobernador **Mariano Arcioni**.

**Quiénes están imputados**

Los imputados son **Edgardo Campos, Mónica Martínez Carpio, Maximiliano García, Leonardo Chacón, Claudio Márquez, Gustavo Barauna y Rocío Silva Preciado**, quienes se desempeñaban como funcionarios públicos al momento de los hechos.

También están imputados los proveedores **Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León**.

La Fiscalía calificó las conductas investigadas como **defraudación por administración fraudulenta**, en la modalidad de delito continuado, en concurso ideal con **negociaciones incompatibles** e **incumplimiento de los deberes de funcionario público**.

**La causa espera una definición**

La pretensión punitiva planteada por la Fiscalía varía entre **dos y tres años y seis meses de prisión efectiva**, de acuerdo con el rol atribuido a cada acusado. Para quienes ocupaban cargos estatales también se solicitó **inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones públicas**.

Ahora, la jueza **Karina Breckle** deberá resolver los planteos realizados por las defensas. Luego de esa definición, el expediente podrá continuar su trámite hacia la instancia de **juicio oral y público**, que estará a cargo de un tribunal mixto.

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