En el marco de la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno del Chubut para avanzar en la desarticulación de organizaciones criminales complejas, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó la aprobación, por amplia mayoría, de la Ley Antimafias durante la sesión ordinaria celebrada este jueves en la Legislatura provincial.
El proyecto, ahora convertido en ley, establece la adhesión de la provincia del Chubut a la Ley Nacional Nº 27.786 y fue promovido por el mandatario luego de distintos hechos de extrema gravedad registrados en Comodoro Rivadavia, entre ellos el homicidio de un testigo clave en una causa por asesinato vinculada a clanes familiares.
La iniciativa apunta a fortalecer el trabajo coordinado entre jurisdicciones y organismos judiciales y de seguridad, incorporando nuevas herramientas para investigar, perseguir y sancionar estructuras delictivas organizadas en todo el territorio provincial.
Más herramientas contra el delito
Al respecto, Torres destacó que la Ley Antimafias “es una herramienta fundamental para avanzar contra organizaciones y bandas que durante mucho tiempo sembraron el miedo en nuestra provincia”.
En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo remarcó que “gracias al compromiso y al acompañamiento de los diputados que respaldaron esta iniciativa, hoy damos un paso importante para que los delincuentes sepan que en Chubut ya no hay impunidad”.
Asimismo, el Gobernador sostuvo que “la sociedad necesita respuestas concretas y un Estado decidido a enfrentar a quienes creen que pueden estar por encima de la ley”.
Coordinación entre jurisdicciones
La Ley Nacional Nº 27.786 tiene como objetivo fortalecer la lucha contra estructuras delictivas organizadas, estableciendo herramientas judiciales y penales específicas para investigar y sancionar delitos vinculados al crimen organizado.
En ese marco, la adhesión de Chubut a la normativa permitirá profundizar los mecanismos de cooperación entre distintos organismos y jurisdicciones, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado frente a organizaciones criminales complejas.
Entre sus fundamentos, la iniciativa plantea una concepción del federalismo basada en la cooperación y la articulación entre provincias y Nación, sin resignar competencias propias y garantizando una mayor eficacia en la lucha contra el delito organizado.
