El primer hecho tuvo lugar el 3 de febrero por la tarde, cuando el imputado habría sustraído, sin ejercer fuerza, un equipo de música con sus accesorios que se encontraba en la caja de una camioneta estacionada sobre calle Castelli, frente a un local comercial.
El segundo episodio ocurrió el 3 de marzo durante la madrugada y le fue atribuido en carácter de coautor. Según la acusación fiscal, habría ingresado junto a otra persona a un comercio tras dañar la puerta de acceso y, una vez en el interior, se habrían apoderado de diversos elementos vinculados a la actividad de barbería, indumentaria y dinero en efectivo.
El tercer suceso se registró el 10 de marzo por la tarde en una ferretería ubicada sobre calle San Martín. En esa oportunidad, el acusado habría ingresado junto a una mujer y se habría llevado una bolsa de electrodos que se encontraba sobre el mostrador, retirándose luego del lugar y abordando un vehículo.
La imputación se sustentó en las denuncias radicadas en cada caso y en informes de la División Judicial de Investigaciones. En particular, se valoró el análisis de registros fílmicos que habría permitido identificar al imputado en los distintos escenarios y reconstruir la secuencia de lo ocurrido.
Por su parte, la Defensa Pública Penal señaló que su asistido sostiene una versión diferente de los hechos. No obstante, consideró que las imputaciones cumplen con los requisitos del artículo 130 del Código Procesal Penal, por lo que no formuló objeciones ni al contenido de la acusación ni al plazo solicitado.
Asimismo, indicó que el término de cuatro meses resulta adecuado para desarrollar su teoría del caso y analizar una eventual salida conjunta en otro legajo en el que el imputado se encuentra detenido. Todo ello será comunicado a la defensoría interviniente en ese proceso.
Al momento de resolver, el magistrado tuvo por formulados los cargos respecto de las conductas atribuidas, que —según la acusación fiscal— se encuadran en dos delitos de hurto y uno de robo, conforme a los artículos 45, 162 y 164 del Código Penal. Dispuso además la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.
