Desde la organización indígena provincial se difundió un comunicado de la propia comunidad, donde sus integrantes expresaron que la medida quedó en suspenso “hasta que resuelva el Tribunal de Impugnación”.
“En todo este proceso judicial que venimos atravesando como lof, hemos sido violentadas y violentados por el poder judicial y político de diferentes formas”, consideraron en el texto, en el que también manifestaron que, en un principio, carecieron de una defensa adecuada porque una abogada no impulsó las denuncias que deseaban presentar en tiempo y forma. En tal sentido, mencionaron que hubo episodios que incluyeron amenazas de muerte y de violación a las mujeres de la lof que tendrían que haber sido inmediatamente denunciados, pero no fue así y los plazos correspondientes vencieron.
“El despojo territorial lo venimos denunciando históricamente, pero por no ser personas reconocidas, por no ser adineradas ni estar vinculadas a las políticas partidarias, nuestros reclamos vienen siendo históricamente silenciados”, apuntaron desde la comunidad.
Más allá de sentirse mayormente excluidos en el mapa general, quienes conforman la lof, en el comunicado, agradecieron a las diversas personas y agrupaciones que sí se sumaron al pedido llevado adelante para frenar el desalojo (cabe destacar que incluso la fundación Servicio Paz y Justicia –SERPAJ–, cuyo presidente honorario es Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, intervino a favor de la comunidad). Asimismo, destacaron la colaboración de vecinos de Mallín Ahogado, El Foyel, El Bolsón, Las Golondrinas y Los Repollos (“No nos desconocieron y apoyan nuestra lucha”, dijeron).
Además, en el final del texto, recalcaron la labor de “los defensores públicos oficiales que hacen valer el derecho indígena”.
Fuente: El Cordillerano.
