La Legislatura del Chubut aprobó por amplia mayoría, en la sesión de este jueves, la ley que prohíbe el uso, tenencia e ingreso de teléfonos celulares y dispositivos móviles por parte de personas privadas de libertad en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia. La normativa incluye cárceles, alcaidías, comisarías y centros de detención transitoria, y apunta a reforzar el sistema de seguridad penitenciaria y prevenir delitos cometidos desde el interior de los penales.
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno provincial encabezado por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres y se enmarca en una estrategia de fortalecimiento de la seguridad pública y lucha contra el delito organizado. El proyecto establece un nuevo esquema de control que busca evitar que personas detenidas continúen cometiendo estafas, amenazas o extorsiones utilizando teléfonos celulares con acceso a internet.
La sesión fue presidida por el vicegobernador Gustavo Menna y contó con un amplio acompañamiento legislativo de distintos bloques. Votaron a favor las bancadas de Despierta Chubut, Arriba Chubut, el Pich, Chubut Unido y Familia Chubutense, mientras que hubo votos negativos de algunos legisladores del bloque Primero Chubut-CET y del Frente de Izquierda.
La nueva ley no solo establece la prohibición de celulares, sino que también crea un régimen de comunicaciones institucionales controladas. Este sistema garantiza el derecho de las personas privadas de libertad a mantener contacto con sus familiares, defensores y el exterior, pero bajo un esquema regulado, seguro y sin acceso a internet, redes sociales ni aplicaciones de mensajería.
Según lo dispuesto, las comunicaciones se realizarán únicamente a través de terminales habilitadas por el Estado, con llamadas de voz a números previamente autorizados e incorporados en un registro oficial. Además, se llevará un control detallado de cada comunicación, con datos como fecha, hora, duración, interno solicitante y número de destino.
Desde el Poder Ejecutivo se destacó que la medida busca cortar con las maniobras delictivas que, según se indicó, se organizan desde los establecimientos penitenciarios. Entre los principales objetivos figuran la prevención de estafas telefónicas, extorsiones y amenazas que afectan a ciudadanos de toda la provincia.
En este sentido, el gobernador Ignacio "Nacho" Torres valoró la sanción de la ley y aseguró que permitirá terminar con los denominados “call centers del delito” que, según afirmó, operaban desde las cárceles utilizando tecnología móvil con conexión a internet.
Asimismo, el mandatario sostuvo que las personas privadas de libertad podrán continuar comunicándose, pero dentro de un sistema controlado que impida el uso de herramientas digitales para la comisión de delitos.
La normativa establece además que, en caso de detectarse celulares o dispositivos prohibidos, se procederá a su inmediato decomiso, dejando constancia mediante acta con identificación del lugar, fecha y personal interviniente. Cuando existan indicios de delito, se dará intervención al Ministerio Público Fiscal y a la Justicia competente.
También se incorporan medidas estrictas para evitar el ingreso de dispositivos a los establecimientos penitenciarios, configurando esta tarea como una obligación permanente de las autoridades responsables del sistema carcelario provincial.
Por otra parte, se habilita la posibilidad de implementar tecnologías de inhibición o bloqueo de señal en los centros de detención, con el objetivo de impedir comunicaciones clandestinas.
Durante el tratamiento del proyecto, hubo coincidencias en la necesidad de mejorar la seguridad, aunque también se expresaron críticas y observaciones. Desde distintos bloques se advirtió sobre la importancia de garantizar el acceso a la educación, la comunicación con familiares y el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad.
Algunos legisladores señalaron la falta de estadísticas precisas sobre el impacto del uso de celulares en la comisión de delitos, mientras que otros defendieron la norma como una respuesta necesaria frente al avance del delito organizado desde las cárceles.
En ese marco, también se planteó la necesidad de fortalecer la infraestructura penitenciaria y asegurar que el nuevo sistema de comunicaciones controladas funcione de manera efectiva sin vulnerar derechos fundamentales.
Con la sanción de esta ley, Chubut se suma a las provincias que avanzan en regulaciones más estrictas sobre el uso de dispositivos móviles en contextos de encierro. La medida representa un cambio significativo en la política penitenciaria, con foco en la seguridad pública y el control del delito desde su origen.
La implementación de la norma ahora dependerá de su reglamentación y de la adaptación operativa del sistema penitenciario provincial, que deberá reemplazar progresivamente el uso de celulares por canales de comunicación institucionales supervisados.
