La audiencia pública convocada para debatir la reforma de la Ley de Glaciares volvió a poner en primer plano el rol de la participación ciudadana en la discusión de políticas ambientales estratégicas. Con miles de inscriptos de todo el país, el encuentro expuso no solo la diversidad de posiciones, sino también la creciente tensión en torno al futuro de los territorios cordilleranos.
Entre las intervenciones más resonantes se destacaron las provenientes de la Comarca Andina y otras regiones patagónicas, donde el impacto de cualquier modificación normativa se percibe como inmediato. Vecinos, trabajadores y referentes socioambientales tomaron la palabra con discursos atravesados por la urgencia y la experiencia directa.
Uno de los testimonios que generó mayor impacto fue el de Flavia Broffoni, de Epuyén, quien expresó: “...me parece extremo haber viajado 2000 kilómetros desde la Patagonia incendiada para decir lo obvio, sin agua nos morimos...”. Su declaración condensó el tono general de muchas exposiciones: una mezcla de indignación, cansancio y advertencia frente a los retrocesos en la protección ambiental en un ecosistema que está colapsando.
También participaron voces vinculadas a distintos sectores productivos. Marcelo Arteaga, trabajador petrolero de Comodoro Rivadavia, quien argumentó que en su ciudad “…buscando agua, encontraron petróleo, se lo llevaron todo y solo nos dejaron el pasivo ambiental…” evidenciando la compleja realidad de la región.
En la misma línea, Sol Mariana Basurto, desde la Comarca Andina, Lucas Di Caro, proveniente de El Calafate, Santa Cruz, sumaron su perspectiva sobre las consecuencias de la modificación de la ley de glaciares.
Una de las exposiciones más contundentes fue la de Cecilia La Vecchia, integrante de la Asociación de Guías de Montaña de El Chaltén (AGMEC), quien desde el inicio planteó una postura firme en defensa de los glaciares como bienes comunes estratégicos, subrayando su valor no solo ambiental sino también económico y cultural para las comunidades de la región.
Las intervenciones de la Patagonia coincidieron en un punto central: la defensa del agua como recurso vital y la preocupación por una eventual flexibilización de la normativa vigente que habilite actividades extractivas en zonas protegidas. A su vez, dejaron en evidencia una demanda sostenida por mayor control estatal y participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones.
El desarrollo de la audiencia no estuvo exento de polémica. Diversas organizaciones y participantes cuestionaron las condiciones del proceso, señalando limitaciones en los tiempos de exposición y dificultades para garantizar que todas las voces fueran escuchadas en igualdad de condiciones. La masividad de la convocatoria —con decenas de miles de inscriptos— puso en tensión el formato del mecanismo participativo y reavivó el debate sobre su carácter vinculante.
En ese contexto, la audiencia pública se consolidó como un espacio clave, aunque imperfecto, para canalizar demandas sociales y territoriales. La fuerte presencia de la Comarca Andina y de otras regiones patagónicas reafirmó que la discusión sobre la Ley de Glaciares trasciende lo técnico: se trata de una disputa por el modelo de desarrollo, el acceso a los bienes comunes y, en definitiva, las condiciones de vida de las comunidades.
De cara a los próximos pasos legislativos, el desafío será traducir esta participación masiva en decisiones que logren equilibrar intereses económicos y ambientales, sin desatender el mensaje que se repitió con fuerza a lo largo de la jornada: en los territorios, el debate no es abstracto, es urgente.
