Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, los hechos comenzaron en 2022, cuando los acusados habrían ganado la confianza del adulto mayor —que vivía solo y en situación de vulnerabilidad— prometiéndole asistencia médica y acompañamiento. Bajo ese argumento, lo convencieron de viajar a otra ciudad y de solicitar un préstamo, cuyo dinero habría sido retenido por los imputados.
Posteriormente, siempre de acuerdo con la acusación, persuadieron al hombre de vender su vivienda y mudarse con ellos. Una vez instalado en el domicilio de la mujer y su hijo, los supuestos cuidados se transformaron en un régimen de control, violencia y explotación.
La fiscalía sostiene que la víctima fue sometida a encierros, amenazas, golpes y trabajos físicos forzados, además de castigos humillantes como permanecer arrodillado durante horas sobre piedras o la privación de alimentos. También habrían controlado sus desplazamientos y retenido su jubilación mediante intimidaciones.
El hombre permaneció en esas condiciones durante meses, hasta que fue rescatado tras la intervención de las autoridades. Al momento del hallazgo presentaba signos de desnutrición, deshidratación y múltiples lesiones, por lo que debió ser hospitalizado.
Los imputados están acusados del delito de reducción a la servidumbre en concurso con lesiones leves, con una expectativa de pena que podría alcanzar los 15 años de prisión.
Tras la audiencia preliminar, el juez resolvió elevar la causa a juicio por jurados. En esa instancia, doce vecinos deberán evaluar las pruebas y testimonios —se prevé la declaración de decenas de testigos— y definir si la madre y su hijo son culpables o inocentes.
La defensa, por su parte, sostiene la inocencia de los acusados y cuestiona la versión de la fiscalía, argumentando inconsistencias en la investigación.
Gentileza EQS Notas
