Un tribunal del fuero laboral de Bariloche dictó un fallo que reconoce las secuelas sufridas por una gendarme que fue violentamente embestida por un esquiador fuera de control mientras cumplía tareas de seguridad en el Cerro Catedral. El accidente le provocó una lesión severa en la rodilla derecha, que derivó en una intervención quirúrgica y un prolongado proceso de rehabilitación.
El hecho ocurrió cuando la agente se encontraba detenida sobre una pista del centro de esquí, en el marco de un operativo de patrullaje. En esas circunstancias, un esquiador perdió el control de su desplazamiento y la impactó de lleno contra la rodilla, lo que le impidió reincorporarse por sus propios medios y obligó a su traslado inmediato para recibir atención médica.
La trabajadora, con más de diez años de experiencia en tareas de montaña dentro de Gendarmería Nacional, fue asistida inicialmente y luego sometida a una cirugía artroscópica, además de un tratamiento de rehabilitación. Sin embargo, continuó presentando dolor, limitaciones funcionales y dificultades para retomar plenamente sus actividades laborales. Pese a ese cuadro, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) le otorgó el alta médica y la Comisión Médica jurisdiccional concluyó que no existía incapacidad permanente.
Ante la falta de respuestas en el ámbito administrativo, la agente inició una demanda judicial. Durante el proceso se produjeron pericias médicas y psicológicas oficiales que permitieron evaluar en profundidad el alcance real de las secuelas derivadas del siniestro.
La pericia médica determinó la existencia de una lesión ligamentaria y meniscal, tratada mediante una cirugía conservadora, con secuelas consistentes en limitación del rango de movilidad, dolor residual e hipotrofia muscular. El informe descartó patologías previas y estableció una relación causal directa entre el accidente ocurrido en la pista y las lesiones constatadas.
En paralelo, la evaluación psicológica diagnosticó un trastorno adaptativo crónico, con síntomas que impactaron negativamente en la vida laboral y social de la trabajadora. Ambos dictámenes fueron considerados de manera integral para establecer un grado de incapacidad laboral parcial y permanente.
El tribunal otorgó plena validez a las pericias oficiales y sostuvo que no existían fundamentos técnicos para apartarse de sus conclusiones. En consecuencia, rechazó el criterio adoptado en sede administrativa y responsabilizó a la ART, ordenando el pago de una indemnización económica a favor de la gendarme.
La sentencia fue dictada en primera instancia y aún no se encuentra firme, ya que puede ser apelada por las partes.
