La fiscal adjunta explicó que el hombre -que actualmente reside en otra provincia- habría amenazado a su pareja dentro de la vivienda. También señaló que el imputado encendió fuego en un recipiente ubicado dentro de la casa, quemó ropa y otros elementos, generando preocupación por el riesgo que esa acción podía provocar.
Ante el aviso al 911, personal policial acudió al lugar. Según la acusación, el acusado insultó y amenazó a los efectivos. Ejerció luego violencia física contra dos de ellos, quienes resultaron con lesiones de carácter leve.
Para respaldar la acusación, la fiscalía mencionó actas policiales, informes médicos entre ellos del centro de salud Intecnus, denuncias de la víctima y de los policías afectados, material fotográfico, un informe de salud mental y una resolución del Juzgado de Paz. La misma dispuso una prohibición de acercamiento y la exclusión del imputado del domicilio.
La Defensa Pública Penal manifestó que el imputado no prestará declaración en esta etapa procesal por su expresa recomendación. Explicó que mantiene una versión distinta de los hechos y afirmó que su representado habría sido golpeado durante el procedimiento, por lo que fue atendido por profesionales de salud mental y médicos. Indicó que el hombre presentaba hematomas, dolores y que continúa con molestias.
El plazo solicitado para la investigación no fue objetado por la defensora adjunta, pero planteó diferencias sobre la teoría del caso y la valoración de antecedentes previos.
El Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos por los hechos relatados en la audiencia que fueron encuadrados provisoriamente como amenazas simples y atentado agravado contra la autoridad, conforme a los artículos 45, 149 bis y 238 inciso 4 del Código Penal.
Asimismo, fijó un plazo de investigación penal preparatoria hasta el 4 de mayo de 2026, por un período de cinco meses, conforme a lo solicitado y acordado por las partes, a fin de permitir el avance de las diligencias previstas.
En relación a la medida cautelar, impuso la prohibición de mantener contacto por cualquier vía con la víctima, a fin de garantizar su seguridad y preservar la investigación. La misma fue solicitada considerando que los hechos se dieron en un contexto de violencia de género y que la víctima se encontraba asustada y sin familiares en la localidad.
La medida tendrá vigencia hasta el 4 de mayo de 2026. El incumplimiento de esta prohibición podría generar consecuencias legales adicionales para el imputado, incluyendo la posibilidad de nuevas medidas más gravosas.
