La Fiscalía de Esquel imputó a Emiliano Figueroa y a Alejandro Altamirano por presuntas maniobras fraudulentas realizadas entre 2023 y 2024 en la Escuela N.º 779 de Corcovado, donde se habrían utilizado facturas apócrifas y cheques cobrados de forma irregular para desviar fondos públicos destinados a la compra de alimentos para estudiantes.
La presentación fue realizada por la Fiscal General jefa, María Bottini, junto al funcionario fiscal Julián Forti, quienes solicitaron ante el juez Jorge Criado la apertura de la investigación preparatoria. Según la acusación, existieron elementos suficientes para indagar una serie de operaciones ilícitas encabezadas por Figueroa —entonces director de la institución— con la colaboración de Altamirano, registrado en ARCA como proveedor de servicios.
De acuerdo con la investigación, entre mayo de 2023 y 2024, Figueroa habría gestionado y cobrado al menos quince cheques respaldados por facturas falsas emitidas por Altamirano, atribuidas a proveedores inexistentes o a comercios cuyos rubros no coincidían con los registrados oficialmente. Los alimentos presuntamente adquiridos nunca ingresaron a la escuela, e incluso incluían productos ajenos al refrigerio escolar, como pollo o tapas de empanadas.
Las maniobras, reiteradas en cada operación, implicaban la confección de una factura apócrifa, el cobro de cheques por ventanilla en el Banco del Chubut y el registro contable de compras que jamás se concretaron. Esto habría permitido el desvío de partidas públicas, contrariando la Resolución 1745 y la normativa contable del Ministerio de Educación.
El Ministerio Público Fiscal atribuyó a Emiliano Figueroa 31 hechos de peculado en concurso ideal con uso de documento público falso, en concurso real entre sí, en carácter de autor. A Alejandro Altamirano se le imputaron 29 hechos con idéntica calificación legal, en carácter de partícipe primario.
El juez Criado habilitó la investigación preparatoria por un plazo de seis meses y autorizó a la Fiscalía a avanzar con pericias, relevamientos contables y nuevas medidas de prueba para determinar el alcance total del presunto fraude.
