Fiscalía y el Hospital Zonal de Esquel ajustan detalles del protocolo de actuación ante casos de abuso sexual

La reunión tuvo como eje central la revisión y optimización del protocolo de intervención médico legal en abusos sexuales agudos, en decir los ocurridos en el transcurso de 96 horas previas a la atención médica, poniendo el foco en la agilización de los procedimientos.

El encuentro, calificado como "muy productivo" por las partes intervinientes, forma parte de una serie de reuniones periódicas diseñadas para evaluar el funcionamiento del sistema en tiempo real y corregir posibles desajustes en la atención de las víctimas.

Los participantes
La mesa de trabajo estuvo encabezada por la fiscal a cargo del equipo de género, Rafaella Riccono, el director del HZE Carlos Winter y la directora asociada, Adriana Torres.
También participaron actores clave en la cadena de custodia y atención médica: la asesora legal del hospital, el equipo de médicas especializadas que intervienen en casos de abusos sexuales agudos, personal del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) y del laboratorio del hospital.

Muestras biológicas y consumo de alcohol
Uno de los puntos más relevantes de la jornada fue la discusión sobre el abordaje de situaciones donde existen víctimas y/o imputados que hayan consumido alcohol.
Los especialistas se centraron en un aspecto crucial para el avance de las investigaciones: la toma de muestras en las primeras horas. Se definieron criterios técnicos sobre cómo y cuándo deben recolectarse estos fluidos para asegurar su validez probatoria, garantizando que no se pierda evidencia fundamental debido al paso del tiempo o a procedimientos inadecuados.

Coordinación para una respuesta ágil
Más allá de lo estrictamente médico, el objetivo de fondo fue la coordinación y agilización entre los diferentes organismos que intervienen.
La premisa compartida es clara: frente a un abuso sexual agudo, el sistema debe funcionar como un reloj. La articulación entre la Fiscalía, el CIF y el Hospital busca evitar demoras salvables que puedan revictimizar a la persona afectada o entorpecer la recolección de pruebas necesarias para un futuro juicio.