El acuerdo pleno de juicio abreviado lo planteó el fiscal Francisco Arrien y fue aceptado por Facundo Agustín López y Luciana Karen Aguilera, quienes siguiendo el consejo de la defensora oficial Blanca Alderete admitieron su responsabilidad en un hecho encuadrado en la figura de tentativa de robo agravado por el uso de arma blanca.
El hecho bajo investigación sucedió el 28 de marzo de 2024 en cercanías de la plaza España de El Bolsón, en la intersección de las calles Perito Moreno y José Hernández. Los dos autores del hecho estaban a bordo de un Volkswagen Senda e imprevistamente descendieron del mismo para abordar a dos mujeres que estaban allí. El hombre manejó la escena, apoyó el cuchillo que portaba en las víctimas y expresó “la hacemos corta, dame todo lo que tengas”. Así lograron despojar a las mujeres de sus pertenencias y rápidamente huyeron en su automóvil.
A pocos metros de allí, la policía logró individualizar al vehículo tras los datos aportados por los testigos y así procedieron a la aprehensión de los acusados y a la requisa judicial del vehículo, en el que encontraron todos los elementos robados, siendo regresados a las víctimas, como así también los cuchillos utilizados para perpetrar el ataque.
La defensora oficial Blanca Alderete admitió haber revisado el legajo judicial y encontrado un cúmulo de prueba que no dejaba mucho margen a los imputados. Subrayó el acuerdo de juico abreviado como el método más conveniente para resolver el caso y tras recomendarle a sus asistidos que lo acepten, pidió que el juez interviniente lo homologue.
Los dos fueron examinados por el Cuerpo de Investgaciones Forenses durante la estapa penal preparatoria y entre las conclusiones de los informes elaborados por la doctora Verónica Sarmiento, se concluye que los dos deberían someterse a un tratamiento para tratar las adicciones que padecen
Como parte del acuerdo, que finalmente homologó el juez Marcos Burgos, tras verificar que se ajustaba a lo establecido en las normas aplicables al caso, López y Aguilera resultaron condenados a la pena de tres años de prisión en suspenso, con la obligación de concretar una reparación económica de 500 mil pesos a favor de las víctimas y de respetar una serie de pautas de conducta de rigor, por el mismo plazo de la condena. En caso de no hacerlo, la condena podría convertirse en prisión efectiva.
Fuente: El Cordillerano.
