La huelga, que se originó hace ocho días con una medida de fuerza indefinida encabezada por la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), se profundizó con la convocatoria a un paro general que cuenta con el respaldo de gremios del sector privado y público, así como de trabajadores estatales. El alcance de la protesta se sintió en todos los servicios: no hubo transporte público habitual, recolección de residuos, atención en hospitales ni clases, y la mayoría de los comercios permanecieron cerrados.
En Río Grande —epicentro de la industria electrónica fueguina y uno de los principales polos fabriles del país— se llevó a cabo una masiva movilización encabezada por sindicatos y trabajadores. La marcha avanzó por las calles de la ciudad hasta llegar a las puertas de la planta de *Mirgor Telefonía*, empresa vinculada a la familia Caputo, que produce componentes electrónicos y teléfonos móviles.
El reclamo se centra en la reciente decisión del Gobierno nacional de reducir progresivamente los aranceles a la importación de celulares, medida que se oficializó esta semana como parte de un plan más amplio de desregulación. Desde la UOM y otras organizaciones sindicales advierten que esta política pone en riesgo más de 7.000 puestos de trabajo en la provincia, donde operan firmas como *Newsan, Mirgor, Solnik, BGH y Midea Carrier*, todas afectadas por la apertura indiscriminada de importaciones.
Juan Carlos Villalba, delegado de Mirgor, aseguró que el plan de lucha continuará mientras no se revierta la medida. Además, criticó las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Adolfo Sturzenegger, quien recientemente sugirió reconvertir Tierra del Fuego en un destino turístico al estilo del parque Yellowstone, en Estados Unidos. “Invitamos al ministro a venir a la isla y conocer la realidad de miles de familias que viven de esta industria. No somos un parque de diversiones, somos trabajadores con derechos”, sostuvo Villalba.
Desde la UOM también reafirmaron su defensa de la Ley 26.539, vigente desde 2009, que establece un régimen de promoción industrial mediante el establecimiento de aranceles a productos tecnológicos, con el objetivo de fortalecer la producción nacional y proteger el empleo fueguino.
En este contexto de tensión creciente, la provincia permanece prácticamente paralizada y unida en la defensa de su matriz productiva frente a un modelo que, denuncian, pone en jaque el futuro de miles de familias.
