La inspección conjunta se realizó durante un operativo que reunió a equipos técnicos de Ambiente y Cambio Climático, Hidrocarburos, Minería, DPA y la Secretaría de Trabajo. La recorrida se realizó sobre distintos frentes de obra ubicados sobre la barda norte donde trabajan más de 800 personas.
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales, técnicas y laborales, los inspectores recorrieron el obrador principal ubicado en Chichinales, en el kilómetro 66 de la segunda etapa del ducto.
También observaron diversos tramos de la traza donde ya se ejecutan tareas de apertura de zanja y soldadura de cañerías. “Hoy vinimos todos los organismos de la provincia de Río Negro que nos encargamos de fiscalizar y controlar la actividad de la construcción del Vaca Muerta Oil Sur", explicó Amelia Lapuente, técnica de la Secretaría de Hidrocarburos.
Durante la inspección, la comitiva se dividió para abordar los distintos aspectos que corresponden a cada área. “Pudimos observar trabajos de soldadura mecanizada en la planta de doble junta, donde se emplea tecnología de alta precisión sin intervención manual, garantizando estándares de calidad a través de evaluaciones radiográficas”, destacó Lapuente.
El operativo también contempló la verificación de la trazabilidad del material utilizado, el control de seguridad e higiene en los frentes de obra, la fiscalización de medidas de manejo de residuos especiales y el cumplimiento de las condiciones laborales.
"Estas inspecciones son de rutina y se realizan de manera permanente. En esta ocasión, sumamos un trabajo conjunto que nos permite un control aún más exhaustivo", agregó Lapuente.
La segunda etapa de la obra contempla más de 430 kilómetros de ducto que unirán Allen con Punta Colorada, consolidando a Río Negro como un eje estratégico para la exportación de petróleo de Vaca Muerta hacia el mundo. La primera parte de la obra conecta Loma Campana con Allen a través de 130 kilómetros.
A través de esta acción integral, Río Negro reafirma su compromiso de ejercer un control riguroso y permanente sobre las grandes obras de infraestructura energética, priorizando el cuidado ambiental, la seguridad de las personas y la protección del interés público.
