El Gobierno se comprometió con el FMI a subir tarifas: 200% la electricidad y 150% el gas

En la búsqueda de reducir el déficit fiscal en 2024, el gobierno de Javier Milei se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a reducir los subsidios energéticos en 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y a aplicar incrementos de 200% en las tarifas de electricidad y 150% en las de gas desde febrero.

Así se desprende del informe de la séptima revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas que suscribió la Argentina con el FMI por el pago del préstamo de USD 44.000 millones que tomó la administración de Mauricio Macri en 2018.

Tarifas energéticas: diferencias entre el Gobierno y el FMI
A pesar de los lineamientos difundidos por el Fondo, el Ministerio de Economía postergó las actualizaciones de los cuadros tarifarios de gas hasta marzo después de oficiar la primera audiencia pública el pasado 8 de enero. En cambio, la Secretaría de Energía busca acelerar la implementación de los ajustes en las facturas de luz. Es que la electricidad explica el 70% de las subvenciones estatales a la energía.

A propósito de la poda presupuestaria, el organismo multilateral sostuvo que el oficialismo consolidará el sendero hacia el equilibrio de las cuentas públicas mediante un ajuste del gasto de 3% del PBI basado en la reducción de los "subsidios energéticos ineficientes, con una aumentos en las tarifas de electricidad (más del 200%) y gas (más del 150%) a partir de febrero, después de audiencias públicas donde se espera que las autoridades describan sus planes para pasar a costos de recuperación", entre otros ítems.

De esta manera, el ente auditor determinó que tras un incremento inicial en el mes corriente, "los precios del gas y la electricidad subirán alcanzar rápidamente la recuperación de costos para abril de 2024, excepto para los hogares más vulnerables, en línea con la reducción programada de los subsidios a la energía en un 0,5% del PBI este año".

Las deudas energéticas que heredó Milei
Por otra parte, el prestamista de última instancia dio cuenta de una serie de deudas que legó el gobierno de Alberto Fernández que hacen a la política energética y cambiaria de la Argentina: US$196 millones con la petrolera ExxonMobil; US$200 millones con Bolivia y US$100 millones con Paraguay.

En cuanto al monto adeudado a la nación boliviana, se relaciona con "el impago de facturas vencidas e intereses en 2023" por la importación de gas y las nuevas autoridades reanudaron los pagos a la vez que elaboran un plan para cumplir con los compromisos antes de agosto de 204.

"De manera similar, el nuevo gobierno argentino y las nuevas autoridades paraguayas han profundizado discusiones sobre el acuerdo de pago por obligaciones vencidas adeudadas a la entidad binacional paraguaya y argentina Yacyretá relacionadas con importaciones de energía en 2023", detalla el escrito.

En tal sentido, el elenco gobernante presentó ante la entidad financiera los detalles iniciales de un nuevo esquema de subvenciones, destinado a "mejorar la focalización de subsidios para hogares vulnerables (basados ​​en el consumo básico de energía dependiendo de tamaño y ubicación del hogar) que entrará en vigor en abril de 2024".

Por dónde pasará el ajuste del Gobierno, según el FMI
Más allá de los recortes en el área energética, el FMI identificó otras cuatro aristas de la motosierra fiscal que tiene como objetivo lograr el déficit cero en diciembre de 2024. Se trata de un objetivo que luce al menos desafiante luego del rojo total de 6,1% del PBI que arrojó 2023 y la caída del capítulo fiscal de la ley Ómnibus que comprendía ingresos extra por 1,8% del producto.

En primer lugar, el Palacio de Hacienda acordó con la institución supervisora "cierta compresión de los costos operativos del gobierno a partir de una reorganización de la administración nacional" que consistirá en un achique de las partidas ministeriales.

A la vez, el Gobierno prometió una rebaja "de la masa salarial del sector público mediante la liberación de trabajadores contratados en 2023 y los esfuerzos para contener los ajustes salariales (incluso para evitar dinámica excesiva de precios y salarios)".

Tercero, la hoja de ruta común incluye una priorización estricta del gasto de capital, centrándose en la construcción de oleoductos y ferrocarriles críticos, proyectos casi terminados y una pausa en nuevas licitaciones públicas. En concreto, restringir al mínimo indispensable la obra pública.

Por último, el programa trazado por el oficialismo engloba recortes en las transferencias discrecionales a las provincias, que "seguirían teniendo capacidad de financiar internamente otros proyectos y necesidades esenciales de mantenimiento, y empresas estatales para iniciar reformas y prepararse para una posible privatización".

"Reconociendo las incertidumbres en torno a los resultados de los ingresos y la naturaleza temporal de los impuestos relacionados con el comercio, las autoridades están revisando medidas adicionales de alta calidad a implementar durante el segundo semestre de 2024, incluso mejorando el cumplimiento tributario, fortaleciendo los impuestos especiales (la Ley Ómnibus contempla una reforma de los impuestos especiales sobre el tabaco) y racionalizando los gastos tributarios (por ejemplo, armonizar las tasas del IVA en todos los bienes)", zanja el informe del FMI.

(Perfil)