Las clínicas y sanatorios privados de la Patagonia anunciaron una suspensión de servicios durante 48 horas, este miércoles 21 y jueves 22 de octubre, que afectará a los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI). La medida fue impulsada por las entidades agrupadas en Clínicas de la Patagonia y Salud Federal, ante la falta de respuestas a sus reclamos económicos y operativos.
La decisión alcanza a prestadores de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa, que advierten sobre el deterioro de las condiciones de atención y las dificultades financieras que atraviesan las instituciones privadas. Según señalaron, la medida se resolvió luego de varios meses de gestiones sin resultados concretos.
Las entidades afirmaron que no prosperaron las instancias de diálogo con las autoridades de la obra social de los jubilados ni con el Ministerio de Salud. También indicaron que continúa sin respuesta un pedido de audiencia urgente presentado el 14 de septiembre ante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para abordar la situación de los servicios médicos destinados a los adultos mayores.
Uno de los principales puntos de conflicto es la actualización de los valores que PAMI paga a los prestadores privados por las prestaciones médicas. Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII de General Roca, explicó en diálogo con Diario RÍO NEGRO que el incremento propuesto para la Patagonia ronda el 4%.
De acuerdo con el directivo, con esa actualización la suba acumulada durante 2026 llegaría al 11%, frente a una inflación proyectada de entre el 30% y el 31%. Para las instituciones, esta diferencia profundiza el desfasaje entre los ingresos y los costos de funcionamiento.
Sabalette también advirtió que los incrementos no alcanzan para cubrir los aumentos salariales del sector de la sanidad. Según detalló, las paritarias establecieron una suba acumulada del 12% entre septiembre y enero, por lo que los ajustes ofrecidos por PAMI resultan insuficientes para sostener la actividad.
“Está una tercera parte de la inflación. Es por eso que en la Patagonia decidimos mantener las medidas”, sostuvo el gerente, al explicar por qué las clínicas de la región resolvieron avanzar con la suspensión, pese a que otras cámaras de prestadores optaron por postergar medidas similares a la espera de nuevas conversaciones con la obra social.
En un comunicado, Clínicas de la Patagonia y Salud Federal señalaron que los valores retributivos acumulan atrasos de entre el 100% y el 131% respecto de la inflación durante los últimos dos años. A este escenario se suman las demoras en los pagos y el incremento de los costos operativos, factores que, según advirtieron, comprometen la sustentabilidad económica y financiera de las instituciones.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con el traslado de contratos hacia hospitales públicos. Las entidades sostienen que esta modalidad puede agravar la situación del sistema sanitario, ya que los establecimientos estatales también enfrentan una elevada demanda de atención.
Entre los principales reclamos figuran una actualización de los aranceles acorde con los costos reales, la regularización de los pagos, un modelo de atención que contemple las necesidades de los jubilados y el fortalecimiento de las contrataciones con prestadores privados.
Además, las organizaciones solicitaron avanzar en una reforma tributaria para el sector privado de la salud, a partir de iniciativas parlamentarias que, según indicaron, podrían reunir respaldo de distintos espacios políticos.
La suspensión de octubre se suma a otras medidas de fuerza adoptadas durante los últimos meses. A fines de agosto, clínicas y sanatorios privados de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa ya habían interrumpido la atención programada de afiliados de PAMI, en un conflicto que afectó a cientos de miles de jubilados y pensionados.
En aquella oportunidad, se suspendieron consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, mientras se mantuvieron las guardias y las emergencias. La protesta también coincidió con medidas similares impulsadas por instituciones privadas de otras provincias.
Las entidades sostienen que el objetivo de la nueva suspensión es obtener respuestas urgentes que permitan garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar un mayor deterioro de la atención médica.
El conflicto vuelve a poner en el centro de la discusión el financiamiento de PAMI y la atención sanitaria de los jubilados, en un contexto en el que los prestadores privados reclaman condiciones económicas que les permitan mantener sus servicios.
Mientras tanto, la medida anunciada para este miércoles y jueves genera preocupación entre los afiliados de la región, que deberán tener en cuenta las posibles reprogramaciones de sus prestaciones durante las 48 horas de suspensión.
Fuente: Río Negro.
