El hecho ocurrió el lunes, cerca de las 6:30, en Bariloche, y derivó en una audiencia de formulación de cargos realizada menos de 24 horas después. El fiscal de turno Guillermo Lista, a cargo de la investigación, atribuyó al acusado los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego y resistencia a la autoridad, en carácter de autor.
Según la acusación, el hombre chocó contra otro automóvil y posteriormente perdió el control del vehículo que conducía, hasta impactar contra un poste de luz.
El otro conductor se detuvo y se acercó para asistirlo. En ese momento, de acuerdo con la investigación fiscal, el acusado habría reaccionado de manera agresiva, lo habría amenazado de muerte y le habría apuntado con un arma de fuego.
Luego, siempre según la acusación, le habría sustraído el automóvil y escapado del lugar.
Personal policial, con apoyo del Centro de Monitoreo, realizó el seguimiento del vehículo y logró ubicarlo en inmediaciones de la terminal de ómnibus.
El fiscal señaló que el hombre no habría acatado la orden de detenerse y que incluso habría intentado embestir a los efectivos policiales. Durante la persecución se efectuó un disparo hacia una de las ruedas traseras, pero el vehículo continuó su marcha.
Finalmente, el acusado fue interceptado y detenido cerca del Cuerpo de Seguridad Vial.
Para respaldar la acusación, la Fiscalía cuenta con la denuncia y la ampliación del testimonio de la víctima, actas de los procedimientos policiales, fotografías del automóvil, documentación vinculada con su titularidad y otros informes incorporados a la investigación.
Durante la audiencia, el acusado declaró y brindó su versión de los hechos. El defensor oficial Marcos Miguel no se opuso a la formulación de cargos ni al plazo de investigación solicitado, aunque planteó como alternativa a la detención la realización de presentaciones periódicas en una comisaría.
Además, solicitó que su asistido reciba atención de salud mental.
El juez de Garantías Víctor Gangarrosa tuvo por formulados los cargos por robo agravado por el uso de arma de fuego y resistencia a la autoridad, atribuidos al acusado en carácter de autor.
El magistrado estableció un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación y dispuso que el imputado permanezca detenido a disposición del Servicio Penitenciario Provincial durante ese período, es decir, mientras avance la investigación.
Para ordenar la prisión preventiva, el juez consideró que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre otros elementos, valoró la conducta atribuida al acusado durante la persecución policial y que el arma de fuego mencionada por la víctima aún no fue encontrada.
