Un hombre quedó imputado por lesiones leves agravadas, privación ilegítima de la libertad agravada y daño, en una causa que investiga un episodio ocurrido durante la madrugada del 12 de septiembre en Bariloche y que fue encuadrado por la Fiscalía en un contexto de violencia de género.
La fiscal Sofía Ocampo sostuvo que, según la hipótesis acusatoria, el hombre interceptó a la mujer en una plaza y, luego de recriminarle su decisión de finalizar la relación, la habría llevado por la fuerza hasta su domicilio, ubicado a pocas cuadras.
De acuerdo con la acusación, una vez en la vivienda el hombre habría agredido físicamente a la mujer, dañado algunas de sus pertenencias y roto su teléfono celular. Además, habría impedido que pudiera retirarse del lugar durante varias horas, hasta que intervino otra persona y logró salir.
Como consecuencia de la agresión, la mujer presentó lesiones que fueron calificadas inicialmente como leves.
La Fiscalía encuadró provisoriamente los hechos como lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y daño, todos en carácter de autor.
Entre los elementos incorporados a la investigación se mencionaron la denuncia realizada por la víctima, un certificado médico policial, una entrevista realizada en sede fiscal y distintos informes de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y del Cuerpo de Investigación Forense.
También fueron incorporadas actuaciones realizadas por el Área de Investigación Judicial, que forman parte de la evidencia reunida hasta el momento.
El imputado fue asistido por la defensora pública penal Paola del Río, quien no formuló objeciones a la apertura de la investigación ni al plazo solicitado por la Fiscalía.
La defensa señaló que tuvo acceso a la evidencia reunida hasta el momento y anticipó que trabajará sobre una teoría diferente de lo ocurrido. El hombre hizo uso de su derecho a declarar y brindó su propia versión de los hechos.
Además, la defensa adelantó que incorporará testimonios y otros elementos que considera relevantes para sostener esa hipótesis.
Luego de escuchar a las partes, el juez de Garantías Juan Pablo Laurence tuvo por formulados los cargos y habilitó la investigación preparatoria hasta el 18 de diciembre de 2026.
En ese marco, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva como medida cautelar. Fundamentó el pedido principalmente en el riesgo de entorpecimiento de la investigación y en la situación de vulnerabilidad consignada en el informe de OFAVI.
El Ministerio Público sostuvo además que la medida permitiría resguardar a la denunciante y garantizar que las personas que aún deben prestar declaración puedan hacerlo sin condicionamientos ni interferencias.
La defensa se opuso a la prisión preventiva y propuso medidas alternativas, entre ellas una prohibición de acercamiento y contacto y el uso de monitoreo electrónico. También destacó que el imputado se presentó voluntariamente ante una comisaría al conocer que era requerido, argumento utilizado para cuestionar la existencia de riesgo de fuga.
Al resolver, Laurence consideró que el riesgo de fuga no había sido suficientemente acreditado. Sin embargo, entendió que sí estaba configurado el peligro de entorpecimiento de la investigación.
Para fundamentar esa decisión tuvo en cuenta la etapa inicial del proceso, la prueba que todavía resta producir y la necesidad de resguardar tanto a la víctima como a las personas que deberán declarar.
Por esos motivos, el juez dispuso la prisión preventiva del imputado hasta el 18 de diciembre de 2026.
Durante ese período, las partes continuarán reuniendo elementos para confirmar o descartar las distintas hipótesis planteadas en la causa. La defensa, en tanto, dejó planteada la reserva de impugnar la medida cautelar.
