El Tribunal de Juicio de Viedma condenó por unanimidad a un docente a siete años y seis meses de prisión efectiva, tras hallarlo responsable de once hechos de abuso sexual simple agravado, cometidos contra alumnas durante su actividad educativa.
Además, el tribunal dispuso su inhabilitación especial y perpetua para ejercer la docencia, al considerar que utilizó su función y el ámbito escolar para cometer los delitos.
Los hechos ocurrieron durante los ciclos lectivos 2023 y 2024, en dos escuelas primarias de San Antonio Oeste. Las víctimas eran niñas de entre aproximadamente seis y ocho años y el condenado se desempeñaba como docente de Plástica.
Al establecer la pena, los jueces valoraron especialmente que el condenado se valió de la confianza depositada por las familias en la escuela y en el personal docente.
También consideraron la corta edad de las víctimas, la autoridad derivada de su función y la reiteración de los episodios. Entre los agravantes, el fallo mencionó además la modalidad de los abusos, la edad y madurez del condenado, su formación y la ausencia de un arrepentimiento oportuno.
El Tribunal otorgó especial relevancia a la extensión del daño acreditado en las víctimas, según la prueba incorporada durante el juicio.
La sentencia describió distintas secuelas psíquicas en las niñas, entre ellas cuadros de estrés postraumático, dificultades vinculadas con la escolaridad y alteraciones en la vida cotidiana.
La prueba también permitió acreditar la presencia de miedos, recuerdos intrusivos y conductas de evitación como consecuencia de los hechos.
Como elementos atenuantes, los jueces tuvieron en cuenta que el condenado no tenía antecedentes penales, pertenecía a una familia estable de la que era sostén y mantuvo una conducta procesal adecuada desde el inicio de la causa.
Durante el proceso, las acusaciones formularon diferentes pedidos de pena. Una de las pretensiones alcanzó los 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua, mientras que el Defensor de Menores adhirió a una solicitud de 9 años de prisión, también con inhabilitación perpetua.
La defensa, en tanto, solicitó el mínimo legal de tres años de prisión en suspenso, argumentando, entre otros aspectos, la ausencia de antecedentes y la conducta procesal del acusado.
El Tribunal consideró que los atenuantes impedían alcanzar las penas máximas solicitadas, pero entendió que la reiteración de los hechos, sus modalidades y el daño causado justificaban superar el mínimo legal.
De esta manera, fijó la condena en 7 años y 6 meses de prisión efectiva.
La inhabilitación para ejercer la docencia fue impuesta con carácter perpetuo. El fallo sostuvo que esta sanción correspondía porque el condenado utilizó su empleo y su función docente para cometer los delitos, conforme a los artículos 20 y 20 bis del Código Penal.
La resolución también estableció que, una vez que la sentencia quede firme, se deberá consultar a quienes representan a las víctimas para conocer si desean intervenir conforme al artículo 11 bis de la Ley 24.660.
Esta normativa contempla la información y consulta a las víctimas ante planteos relacionados con la ejecución de la pena y eventuales beneficios.
