El abogado Juan Zapata, representante legal de las docentes involucradas en la investigación por una presunta situación de maltrato en la Escuela Especial N.º 530 de El Maitén, cuestionó públicamente la manera en que se habría originado y difundido la información que posteriormente derivó en la denuncia.
En declaraciones a FM Impacto El Maitén, Zapata señaló que comprende la reacción emocional de los padres y que es entendible que, ante una situación que involucra a una hija, se busque justicia. Sin embargo, sostuvo que resulta necesario reconstruir la cadena de hechos y determinar cómo se tomó conocimiento de lo ocurrido.
Según explicó el abogado, los padres habrían tomado conocimiento de la situación a través de la abuela de la menor, quien, de acuerdo con ese relato, habría recibido información de una docente que se encontró con ella fuera del establecimiento educativo.
Zapata cuestionó particularmente que, según su exposición, esa persona no habría presenciado directamente el supuesto hecho, por lo que planteó la necesidad de establecer con precisión quiénes tuvieron conocimiento directo de lo ocurrido y qué información fue transmitida posteriormente.
El representante legal también planteó interrogantes respecto de los protocolos educativos que deberían haberse aplicado y sostuvo que, según su versión, inicialmente no se habría producido la comunicación institucional correspondiente entre supervisión, directivos, docentes y la familia.
Otro de los puntos abordados por Zapata fue una imagen que se viralizó en redes sociales, en la que se observa a la menor con un resto de saliva en el cabello.
El abogado sostuvo que la fotografía, por sí sola, no permitiría determinar qué ocurrió ni establecer cuándo se habría producido la situación.
“Si ese hecho fue a las seis de la mañana, ¿quién tomó desde la mañana hasta las diez de la noche esa foto?”, planteó, al cuestionar la interpretación que se realizó sobre la imagen y la posibilidad de que ese elemento permaneciera durante varias horas en el cabello de la menor.
Zapata aclaró que se trata de un planteo realizado desde su rol de defensor y sostuvo que la fotografía debe ser analizada junto con el resto de los elementos de la investigación, evitando extraer conclusiones anticipadas.
También volvió a poner el foco en los supuestos testigos mencionados públicamente. “Hay testigos. ¿Quiénes son los testigos?”, preguntó, reclamando que se determine quiénes presenciaron efectivamente los hechos y qué manifestaron ante las autoridades.
En relación con las medidas adoptadas por Supervisión Escolar, el abogado explicó que se trataría de medidas cautelares destinadas a prevenir posibles situaciones mientras continúa la investigación.
En ese sentido, remarcó que una medida preventiva no implica por sí misma una determinación de responsabilidad sobre las personas involucradas.
Zapata también cuestionó la exposición pública que tomó el caso y calificó como una especie de “cacería de brujas” la reacción que, según sostuvo, llevó a reclamar públicamente la separación o sanción de docentes y directivos antes de contar con elementos suficientes para establecer responsabilidades.
Otro de los aspectos señalados por el abogado estuvo relacionado con la condición de la menor como estudiante de una institución de educación especial.
En ese contexto, pidió especial cuidado en la difusión de información e imágenes vinculadas con el caso y advirtió sobre lo que considera una posible revictimización de la niña.
Además, sostuvo que los padres deberían haber contado con una instancia de diálogo con la dirección, los docentes y la supervisión escolar para plantear la situación y conocer las distintas versiones antes de que el caso adquiriera estado público.
“En pos de querer hacer justicia, lo que están haciendo es una injusticia muy grande con una menor”, afirmó.
Finalmente, Zapata insistió en que será necesario establecer qué ocurrió, quiénes tuvieron conocimiento directo de los hechos y cómo se construyó la información que posteriormente dio lugar a la denuncia.
La causa continúa bajo investigación y, hasta tanto no exista una resolución de las autoridades competentes, rige el principio de presunción de inocencia para las personas señaladas.
