La jueza de garantías Karina Breckle se tomó el plazo legal para resolver los cuestionamientos formulados por cuatro defensores contra la pieza acusatoria presentada por el fiscal general Omar Rodríguez, en una causa por presuntos sobreprecios en contrataciones para reparar 16 escuelas de la Cordillera del Chubut.
Los abogados Gladys Olavarría, Miguel Moyano, Romano Cominetti y Nelly García realizaron observaciones formales sobre la acusación, la descripción de los hechos y los roles atribuidos a los imputados. Los planteos resultan relevantes para determinar si el expediente puede avanzar hacia el juicio oral y público.
Los defensores solicitaron la nulidad de la acusación, al considerar que existen deficiencias que afectan las garantías de sus representados. En ese sentido, argumentaron que “se viola el legítimo derecho de defensa”.
La respuesta de la Fiscalía
El fiscal general Omar Rodríguez rechazó los cuestionamientos y sostuvo que el planteo defensivo busca “enmascarar” delitos penales como si se tratara de simples errores administrativos.
“Los delitos de corrupción se entremezclan con normas administrativas con el objetivo de enmascarar delitos penales”, afirmó el funcionario durante la audiencia.
Rodríguez sostuvo además que los imputados mantenían vínculos con funcionarios de alto rango del Estado, aunque aclaró que esas personas no fueron llevadas a juicio porque, según indicó, “no alcanzaron las pruebas reunidas”.
El fiscal también afirmó que “en esta provincia se direccionaban las obras públicas por las relaciones y los vínculos, por razones de amistad o militancia”.
Una investigación que alcanza a siete localidades
La investigación alcanza contrataciones directas gestionadas desde los ministerios de Infraestructura y Educación del Chubut para realizar trabajos vinculados con instalaciones de gas, baños y otras reparaciones en 16 establecimientos educativos de la Comarca Andina.
Las escuelas involucradas se encuentran en El Maitén, Cushamen, El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo, Ñorquinco y Cholila, localidades donde las obras son ahora parte de una investigación penal.
Según la acusación fiscal, los proveedores Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León confeccionaban los presupuestos oficiales y las memorias descriptivas de los trabajos que luego serían contratados.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que los responsables de cada área invitaban a cotizar a otros oferentes que sabían previamente que no se presentarían. De esa manera, Cottet o Ponce de León quedaban como únicos postulantes en las distintas compulsa de precios.
WhatsApp y presuntos acuerdos previos
Entre las principales evidencias incorporadas a la investigación aparecen mensajes de WhatsApp secuestrados de los teléfonos de los imputados.
De acuerdo con la Fiscalía, esas conversaciones revelarían acuerdos previos sobre qué establecimiento le correspondía a cada proveedor, además de modificaciones en fechas y formatos destinadas a otorgar apariencia de legalidad a los expedientes administrativos.
Una de las obras investigadas corresponde a la Escuela N° 93 de El Maitén, donde en 2022 se produjo una intoxicación por monóxido de carbono que afectó a alumnos y personal docente. Ese episodio había motivado una denuncia penal presentada por el entonces gobernador Mariano Arcioni.
Quiénes están imputados
Los imputados son Edgardo Campos, Mónica Martínez Carpio, Maximiliano García, Leonardo Chacón, Claudio Márquez, Gustavo Barauna y Rocío Silva Preciado, quienes se desempeñaban como funcionarios públicos al momento de los hechos.
También están imputados los proveedores Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León.
La Fiscalía calificó las conductas investigadas como defraudación por administración fraudulenta, en la modalidad de delito continuado, en concurso ideal con negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa espera una definición
La pretensión punitiva planteada por la Fiscalía varía entre dos y tres años y seis meses de prisión efectiva, de acuerdo con el rol atribuido a cada acusado. Para quienes ocupaban cargos estatales también se solicitó inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones públicas.
Ahora, la jueza Karina Breckle deberá resolver los planteos realizados por las defensas. Luego de esa definición, el expediente podrá continuar su trámite hacia la instancia de juicio oral y público, que estará a cargo de un tribunal mixto.
