La Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las piezas clave del sistema energético patagónico, volvió a quedar en el centro de la escena. Su concesión venció en junio de 2025 y desde entonces fue prorrogada varias veces; la última extensión, formalizada en junio de 2026, le permite a la actual operadora seguir a cargo hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta que se apruebe un nuevo proceso licitatorio, lo que ocurra primero. En el medio, se cruzan al menos tres intereses: el de Aluar, que controla la concesión desde 1995; el de un grupo empresario con buenos contactos en el Gobierno nacional que busca entrar en el negocio; y el de la provincia de Chubut, que reclama que la decisión sobre sus propios recursos naturales le corresponde a ella.
La central está ubicada sobre el río Futaleufú, tiene una potencia instalada de 472 MW y genera entre 2.500 y 2.900 GWh por año. Desde su privatización, la opera Hidroeléctrica Futaleufú S.A., una sociedad controlada mayoritariamente por Aluar y, en menor medida, por la provincia de Chubut.
Aluar no es solo accionista de la represa: es también su principal cliente, ya que la energía que genera abastece a la planta de aluminio que la empresa tiene en Puerto Madryn. Por eso, para el grupo que encabeza Javier Madanes Quintanilla, perder el control operativo de Futaleufú no es un dato menor. Significaría dejar en manos de otro actor el insumo energético del que depende toda su producción.
La Secretaría de Energía ya adelantó su intención de convocar a una licitación competitiva para definir quién operará la central en el futuro. En ese contexto, el nombre que circula con más fuerza entre los interesados es el del Grupo Neuss, a través de su empresa Edison Energía.
Este holding ya controla las concesiones de Alicurá y Cerros Colorados, en la región del Comahue, y tiene una presencia fuerte en el transporte de electricidad a través de Transener. Su cercanía con sectores de poder del oficialismo nacional, en particular con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo, alimenta las versiones de que el proceso licitatorio podría estar diseñado a medida de actores con llegada política, tal como habría ocurrido en otras licitaciones recientes del sector energético.
Del otro lado del tablero está la provincia de Chubut. El gobernador Ignacio Torres sostiene que, después de la reforma constitucional de 1994, el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias, y que por lo tanto también debería ser provincial —y no nacional— quien otorgue la concesión de Futaleufú.
Con ese argumento, Torres presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que declare inconstitucionales las leyes eléctricas nacionales que, según su interpretación, restringen ese dominio provincial. La Corte admitió el planteo en noviembre de 2025, aunque el expediente sigue abierto mientras el Gobierno nacional avanza con su propio cronograma.
"En este momento estamos dando una batalla por un recurso que es nuestro. Estoy hablando concretamente de Futaleufú", afirmó el gobernador en un acto en Puerto Madryn, donde remarcó que la provincia decidió "defender lo nuestro, ir a la Justicia y exigir que lo que se genera con nuestros recursos seamos los propios chubutenses los que decidamos qué hacer con esos recursos".
Torres insiste en diferenciar dos cuestiones que suelen mezclarse: por un lado, quién controla la concesión de la represa; por otro, el contrato de suministro eléctrico a Aluar. Según su planteo, que la provincia recupere el poder concedente no pone en riesgo el abastecimiento a la planta de aluminio.
Además de la demanda judicial, Torres armó una mesa de trabajo con los intendentes de Esquel, Trevelin y Cholila para exigir mayor participación provincial en el diseño del pliego de licitación, una actualización del esquema de regalías y un canon por el uso del agua que genere ingresos directos para la provincia y para los municipios de la zona. También creó la Empresa Provincial de Energía del Chubut (EPECH), pensada para darle a la provincia voz vinculante en la discusión.
El intendente de Trevelin, Héctor "Cano" Ingram, respaldó el reclamo: "Hay varios motivos que nos legitiman. Existe un compromiso de Estado, incumplido hasta ahora, de beneficios directos para las comunidades de Trevelin y Esquel: antes de construir la represa, e incluso al inaugurarla, se prometió energía gratis". Ingram agregó que la construcción de la central implicó perder "un enorme capital natural", ya que bajo el agua quedaron enterradas miles de hectáreas de bosque nativo y los históricos rápidos del río Futaleufú. "No estamos pidiendo dinero extra, sino que se reconozcan nuestros derechos", resumió.
Por su parte, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, señaló que el gobernador convocó a los jefes comunales "para escuchar nuestras propuestas y reclamos" y para mantenerlos al tanto de las gestiones ante Nación. Taccetta también reclamó avanzar con la obra de la subestación Legua 7, clave para acompañar el crecimiento demográfico de Esquel y Trevelin y habilitar nuevas inversiones en la región.
El plazo corre: la prórroga vigente vence el 15 de diciembre de 2026 y el proceso de licitación sigue en marcha. Mientras Aluar busca conservar el esquema que le garantizó energía previsible durante casi tres décadas, el Gobierno nacional avanza hacia una licitación que podría abrirle la puerta a nuevos jugadores con peso político, y Chubut redobla la apuesta para que el agua —y la renta que genera— dejen de definirse únicamente desde Buenos Aires.
Si no hay un acuerdo político antes de esa fecha, es probable que termine siendo la Justicia la que defina quién tiene la última palabra sobre el futuro de la represa de Futaleufú.
Fuente: La Tecla
