La Justicia autorizó la expulsión del país de un ciudadano chileno imputado por intento de robo en Bariloche, luego de que la Dirección Nacional de Migraciones confirmara que había ingresado a la Argentina de manera irregular.
El acusado se encontraba detenido con prisión preventiva por una causa iniciada tras un hecho ocurrido el pasado 7 de julio, cuando junto a otras tres personas habría intentado ingresar a una vivienda para sustraer elementos de valor.
Según informó la Fiscalía, el grupo habría roto un vidrio de una vivienda con el objetivo de robar distintos objetos, entre ellos una mochila que contenía una consola Playstation.
Tras el aviso, efectivos policiales lograron reducir a dos de los sospechosos en las inmediaciones del lugar, mientras que los otros integrantes escaparon hacia una zona boscosa.
El ciudadano chileno fue imputado por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa.
Durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro trabajó junto a Gendarmería Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que verificó la situación migratoria irregular del detenido, quien tiene domicilio registrado en Santiago de Chile.
En el marco de la Ley Nacional de Migraciones 25.871, las autoridades resolvieron la expulsión del ciudadano extranjero hacia Chile y establecieron una prohibición de ingreso a la Argentina por un período de ocho años.
Para concretar la medida, el fiscal de turno Gerardo Miranda solicitó el cese de la prisión preventiva, un procedimiento necesario para que el imputado quedara a disposición de las fuerzas nacionales encargadas del traslado.
El defensor oficial Manuel Segundo Mansilla no presentó objeciones al pedido realizado por la Fiscalía.
Luego de escuchar a las partes, el juez Ricardo Calcagno autorizó la solicitud y dispuso que el hombre sea entregado de inmediato al personal de Migraciones en condición de detenido para iniciar su traslado a la República de Chile.
Si bien se concretará la deportación, el proceso judicial iniciado en la provincia continuará su curso.
Por este motivo, la resolución establece que el imputado deberá fijar un domicilio legal y un número telefónico de contacto para permanecer a disposición de la Justicia rionegrina en caso de ser requerido.
