El Gobierno de Río Negro confirmó el inicio del proceso de regularización contractual y pase a planta permanente para más de 4.200 trabajadores y trabajadoras del Estado provincial que ya desempeñan tareas en distintas áreas. La medida fue anunciada por el gobernador Alberto Weretilneck, quien destacó que no se trata de incorporar nuevo personal, sino de ordenar situaciones laborales existentes.
El anuncio se realizó en Cipolletti tras un encuentro con el secretario adjunto de ATE Nación, Rodolfo Aguiar. Desde el Ejecutivo se remarcó que la decisión no implica mayor gasto salarial ni ampliación de la planta estatal, sino la formalización de vínculos laborales que ya vienen desarrollando funciones de carácter permanente dentro del Estado.
El plan de pase a planta permanente en Río Negro alcanzará a personal contratado bajo distintas modalidades, siempre que cumplan funciones permanentes dentro del Estado provincial.
Para acceder al proceso, los trabajadores deberán cumplir una serie de condiciones clave: la relación laboral deberá haberse iniciado hasta el 31 de diciembre de 2025 y mantenerse de forma ininterrumpida hasta el ingreso efectivo. Además, se evaluará la naturaleza de las tareas, que deben ser permanentes y sostenidas en el tiempo.
El acceso a la planta permanente no será automático. El Gobierno estableció que los aspirantes deberán:
En casos específicos, se conformará una Junta Médica para evaluar a quienes hayan tenido licencias prolongadas o readecuaciones de tareas superiores a 30 días en el último año.
Una vez que el proyecto de ley sea enviado a la Legislatura en la primera semana de julio, comenzará una etapa administrativa y técnica que podría extenderse entre seis y ocho meses.
Durante ese período se realizarán verificaciones, certificaciones de requisitos, evaluaciones de idoneidad y análisis de cada situación particular, con el objetivo de garantizar transparencia en el proceso de regularización de empleados estatales en Río Negro.
Desde el Gobierno provincial insistieron en que esta política apunta exclusivamente a ordenar la situación de agentes que ya prestan servicios en el Estado. La medida se enmarca en un esquema de reorganización interna que busca dar estabilidad laboral sin incrementar la estructura de personal ni el gasto salarial global.
