Un fallo del Juzgado Multifueros de El Bolsón condenó a una compañía aseguradora por incumplimiento contractual y violación de los deberes establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor, luego de comprobar que demoró más de un año y cuatro meses en reparar un vehículo asegurado bajo una póliza contra todo riesgo.
La sentencia determinó que la empresa no solo extendió injustificadamente los plazos de reparación, sino que además devolvió la unidad con fallas técnicas vinculadas al siniestro original, afectando durante un largo período la vida cotidiana de los propietarios.
El caso se inició a raíz de un accidente ocurrido el 6 de abril de 2023 en El Bolsón, cuando una Renault Duster Oroch sufrió importantes daños. La denuncia fue presentada pocos días después y la aseguradora aceptó la cobertura, autorizó la reparación y designó un taller para realizar los trabajos.
Sin embargo, pese a que el presupuesto fue aprobado en mayo de ese mismo año, las reparaciones no avanzaron dentro de plazos razonables. Durante meses, los propietarios realizaron numerosos reclamos mientras la empresa atribuía las demoras a dificultades para conseguir repuestos e inconvenientes vinculados a las importaciones.
La Justicia concluyó que esas explicaciones no fueron respaldadas con pruebas suficientes ni con documentación que demostrara una gestión adecuada del siniestro.
Recién el 30 de abril de 2024 el vehículo ingresó al taller y fue entregado el 26 de agosto, más de 16 meses después del accidente.
Además, una pericia mecánica realizada posteriormente detectó problemas en el sistema de airbag, fallas de sellado, defectos en molduras y alertas activadas en el tablero, todos relacionados con el siniestro original.
Para la magistrada, la prestación brindada por la aseguradora fue no solo tardía, sino también incompleta.
La sentencia sostuvo que la conducta de la empresa vulneró los deberes de información, trato digno y cumplimiento efectivo del servicio contratado.
Como consecuencia, la aseguradora fue condenada a abonar una indemnización total de 31 millones de pesos, integrada por:
El fallo destacó que la prolongada falta de respuesta generó perjuicios concretos para los usuarios, quienes debieron reorganizar su vida diaria ante la imposibilidad de utilizar un vehículo considerado esencial para la movilidad en una región caracterizada por las grandes distancias y la limitada oferta de transporte público.
