La Justicia avanzó en una de las causas más impactantes registradas en las últimas semanas en Aldea Escolar, donde un joven de 29 años fue formalmente imputado por una presunta doble tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego. La audiencia se realizó en Esquel y marcó el inicio oficial de una investigación que tendrá un plazo de seis meses para reunir pruebas y determinar si el caso llega a juicio.
La presentación estuvo a cargo de la Fiscalía de Esquel, representada por el fiscal Fidel González y el funcionario Julián Forti, quienes sostienen que el acusado habría intentado asesinar a dos personas durante un violento episodio ocurrido el pasado 7 de junio.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el conflicto se originó tras una discusión previa ocurrida en un local nocturno y en un contexto atravesado por el consumo de alcohol.
De acuerdo con la investigación, el imputado se trasladó en motocicleta hasta un pasaje de Aldea Escolar portando una carabina calibre .22 equipada con mira telescópica. Allí, dos personas intentaron intervenir para calmar la situación, pero la escena escaló rápidamente.
La Fiscalía sostiene que el joven amenazó de muerte a una de las víctimas y efectuó al menos cuatro disparos. Dos proyectiles impactaron en el hombre: uno en el hombro y otro en el pómulo izquierdo. Este último permanece alojado en su cuerpo y deberá ser extraído mediante una intervención quirúrgica.
Cuando una segunda persona intentó auxiliar a la víctima, el acusado habría apuntado el arma directamente hacia su pecho. Sin embargo, logró reaccionar a tiempo, sujetó el cañón de la carabina y desvió el disparo. Tras un forcejeo y con la ayuda de un tercer vecino, consiguieron reducir al agresor y quitarle el arma antes de la llegada de la Policía.
La defensa del imputado rechaza la calificación legal planteada por la Fiscalía y sostiene que no existió intención de matar.
Además, remarca que el joven terminó internado en estado grave luego de recibir golpes durante el momento en que fue retenido por civiles. Debido a esta situación, la propia Fiscalía abrió una investigación paralela para determinar si quienes participaron en la reducción pudieron haberse excedido en el uso de la fuerza.
La formalización no representa una condena ni implica que la responsabilidad penal del acusado esté probada.
Se trata del acto procesal mediante el cual la Fiscalía comunica formalmente al juez y al imputado que existen elementos iniciales suficientes para investigarlo por un delito determinado. A partir de ese momento comienza una etapa de recolección de pruebas, pericias y testimonios.
Durante todo este proceso, el acusado mantiene su estado de inocencia ante la ley hasta que exista una sentencia firme.
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue definir la situación procesal del imputado mientras avance la investigación.
La Fiscalía argumentó que existían riesgos procesales vinculados a una posible fuga y a eventuales presiones sobre testigos, especialmente por tratarse de una comunidad pequeña donde el hecho generó una fuerte conmoción.
Sin embargo, se tuvo en cuenta que el acusado no posee antecedentes penales, cuenta con empleo estable en la Dirección de Vialidad Provincial y permaneció localizable durante su recuperación médica tras las lesiones sufridas en el incidente.
Por ese motivo, las partes acordaron que cumpla un arresto domiciliario por seis meses en la vivienda de su madre, ubicada en Trevelin.
La medida cautelar incluye estrictas condiciones de control:
El juez penal consideró que esta medida resulta razonable y proporcional para garantizar el desarrollo de la investigación, destacando además que el imputado no intentó evadir la acción judicial durante los días posteriores al hecho.
