La falta de lugares disponibles en el sistema penitenciario de Río Negro volvió a quedar en el centro del debate judicial. Este jueves, el juez de revisión Martín Arroyo confirmó la prisión domiciliaria de Richard Salazar, acusado de haber asesinado a puñaladas a Julián Salvo en El Bolsón durante septiembre de 2025. La resolución rechazó una impugnación presentada por la querella y mantuvo la medida cautelar dispuesta previamente.
La abogada querellante, María del Paz del Valle, sostuvo que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación y cuestionó la valoración realizada por el juez de garantías César Lanfranchi respecto del peligro de fuga. Además, remarcó la gravedad extrema del hecho investigado y solicitó que Salazar regresara a un establecimiento de detención.
Sin embargo, la postura de la defensa, representada por el abogado Hugo Cancino, prevaleció durante la audiencia. El letrado argumentó que la permanencia de su defendido en la Comisaría 12 de El Bolsón era insostenible debido a las limitaciones edilicias y a situaciones de violencia que, según indicó, obligaron a brindar atención médica al acusado.
Durante su exposición, el juez Arroyo enfatizó que el debate no gira en torno a una condena o castigo, sino a la aplicación de medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial.
“El problema es que no existen cupos disponibles en el Servicio Penitenciario para alojar al imputado”, explicó el magistrado, recordando que ya se habían realizado pedidos formales para trasladar a Salazar a una unidad carcelaria, pero la respuesta fue negativa por falta de espacio.
En ese contexto, consideró que la prisión domiciliaria no puede ser considerada una medida arbitraria y sostuvo que la carencia de infraestructura estatal no debe recaer sobre el imputado, independientemente de la gravedad de la acusación.
Uno de los puntos más fuertes de la resolución estuvo relacionado con la responsabilidad internacional del Estado argentino. Arroyo advirtió que mantener personas detenidas durante largos períodos en comisarías podría derivar en nuevas condenas internacionales.
“El déficit del Estado no puede caer en cabeza del imputado y no puede exponer al Estado argentino a un fallo internacional sancionatorio”, afirmó, aludiendo a antecedentes resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, definió la prisión domiciliaria como una medida intermedia destinada a neutralizar riesgos procesales y cuestionó las detenciones prolongadas en dependencias policiales que, según expresó, han convertido a algunas comisarías en verdaderos “depósitos humanos”.
Por su parte, el fiscal Francisco Arrien coincidió en que la Comisaría 12 no reúne condiciones adecuadas para alojar detenidos durante períodos extensos. En la audiencia volvió a solicitar que se intime al Servicio Penitenciario Provincial para que asuma la custodia de las personas que cumplen prisión preventiva.
Además, la defensa destacó que Salazar lleva 15 días bajo prisión domiciliaria sin registrar incumplimientos ni denuncias por entorpecimiento de la causa.
Finalmente, Arroyo resolvió mantener la medida cautelar al considerar que no resulta irrazonable y que una revocación, en las actuales condiciones del sistema penitenciario, podría generar responsabilidades para el Estado argentino.
Fuente: Río Negro.
